Las mil viviendas jóvenes de la UBU contarán «de una manera u otra» con la Junta

Las más de mil viviendas para estudiantes que proyecta la Universidad de Burgos contarán «de una manera u otra» con la colaboración de la Junta de Castilla y León y así lo dio por hecho la vicepresidenta segunda, Isabel Blanco, después de reunirse este lunes con el rector de la UBU, José Miguel García, aunque todavía queda por decidir cómo se articulará ese apoyo. «Es un proyecto novedoso, ambicioso y de una manera u otra va a contar con la colaboración de la Junta de Castilla y León», aseguró Blanco después de conocer de primera mano esta iniciativa piloto, que plantea construir más de un millar de viviendas colaborativas en diferentes ubicaciones y dependencias propiedad de la Universidad.

El compromiso avanzado por la vicepresidenta ante el rector de la UBU, principal promotor de este proyecto, pasa ahora por «estudiarlo, valorarlo y analizar las diferentes vías de colaboración», sin que por el momento se haya concretado en qué consistirá la participación de la administración autonómica.

La dimensión del proyecto responde a las necesidades de alojamiento de una Universidad que cuenta actualmente con unos 11.000 estudiantes, de los que alrededor de 7.000 proceden de otras provincias y comunidades autónomas y, en ese sentido, Blanco relacionó esas cifras con la oportunidad de incrementar las opciones residenciales para los jóvenes que se instalan en Burgos para estudiar y enfatizó que «de ahí viene la necesidad de implementar alojamientos, implementar vivienda y la necesidad de crear esa marca de Burgos vinculada a la vivienda».

La vicepresidenta situó además el posible apoyo a la UBU dentro de las políticas autonómicas dirigidas a facilitar el acceso a una vivienda, especialmente entre los jóvenes, y recordó que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, mantiene el compromiso de crear 5.000 nuevas viviendas durante esta legislatura. Blanco añadió que el presupuesto destinado a esta materia se ha incrementado un 80% y recordó los 55 millones de euros consignados en la última convocatoria de ayudas al alquiler.

La disposición de la Junta para mejorar la oferta residencial para universitarios, según Blanco, irá más allá de analizar la propuesta presentada por la Universidad de Burgos, ya que aseguró que todos los proyectos que permitan aumentar la oferta residencial serán «bienvenidos y se estudiarán para buscar las mejores vías de colaboración». En este caso, sin embargo, fue más allá al garantizar expresamente que la iniciativa de la UBU contará con el respaldo autonómico, aunque queda pendiente decidir bajo qué fórmula.

En la reunión participó también el presidente de la Diputación de Burgos, Borja Suárez, en un nuevo paso de los contactos que mantiene la Universidad para desarrollar un proyecto con el que pretende aumentar de forma notable el alojamiento disponible para los miles de alumnos que llegan desde fuera de Burgos cada curso.

El proyecto que la Universidad ha presentado ahora a la Junta comenzó a tomar forma en enero, cuando la UBU anunció junto al Instituto de Crédito Oficial la construcción inicial de 800 apartamentos de alquiler para estudiantes. La primera fase se planteó entonces con un plazo aproximado de dos años y mediante una iniciativa público-privada financiada por el ICO.

Los edificios se proyectaron sobre parcelas propiedad de la Universidad y con apartamentos dotados de cocina y baño propios, además de espacios comunes como lavandería, gimnasio y zonas de convivencia. La UBU fue entonces la primera universidad española que presentó al ICO un plan de estas características, según explicó la propia institución académica.

La propuesta creció poco después. El rector informó al Consejo de Gobierno de febrero de que el objetivo pasaba ya por alcanzar las mil viviendas durante los cinco años siguientes, con la colaboración del ICO para facilitar la financiación de las empresas privadas que asumieran su construcción.

Ese planteamiento es el que ahora supera ya el millar de viviendas y llega a la Junta en busca de una nueva vía de colaboración institucional. El alcance concreto de esa participación tendrá que negociarse, pero Blanco dejó fuera de duda la voluntad de la Administración autonómica al asegurar que el proyecto contará «de una manera u otra» con su colaboración.