El PP defiende que "los controles han funcionado" ante la "posible irregularidad" en la nómina de un empleado de Personal

El alcalde en funciones de Burgos y concejal de Hacienda, Ángel Manzanedo, defiende que "los controles han funcionado" en el caso del empleado municipal vinculado al área de Personal que engordó su nómina de forma improcedente hasta generar un fraude de unos 25.000 euros. El edil apostó por la cautela y se limitó a insistir en que el asunto se encuentra en manos de la Fiscalía al tiempo que el Ayuntamiento mantiene abierta una auditoría interna para esclarecer lo sucedido.

Manzanedo evitaba así entrar en detalles sobre el mecanismo utilizado para incrementar las cantidades percibidas por el trabajador o sobre las circunstancias en las que se produjo la posible irregularidad, dado que "el expediente se encuentra en fase de investigación".

Sin embargo, el regidor accidental sí quiso poner el acento en que la anomalía "fue descubierta por los propios servicios municipales y desde el primer momento en el que se detectaba lo hemos puesto en conocimiento a los portavoces de los grupos políticos para que tengan la información de primera mano".

Preguntado por la posibilidad de que el hecho no sea aislado y de que puedan haberse producido otras situaciones similares que todavía no hayan sido detectadas, insistía en que habrá que esperar al resultado de la auditoría en marcha. Tampoco quiso anticipar Manzanedo si cabría dirimir responsabilidades más allá del propio trabajador investigado, en el caso de que algún superior hubiera incumplido su función de control. Cuestionado también por este extremo, el edil de Hacienda rechazaba avanzar conclusiones antes de que finalice el procedimiento.

Si bien el concejal apelaba a la presunción de inocencia, el Ayuntamiento sí ha adoptado ya una medida cautelar respecto al trabajador. Confirmaba al respecto que se encuentra suspendido cautelarmente de sus funciones mientras se desarrolla el procedimiento. Cabe recordar que, según ha podido conocer este periódico, el señalado era precisamente uno de los empleados públicos que preparaban cada mes las nóminas municipales. La investigación abierta sobre este funcionario parte, de hecho, de la sospecha de que quien tenía entre sus manos la preparación de las nóminas utilizó ese conocimiento para acumular el citado sobresueldo.

Desde el equipo de Gobierno municipal se quiere mantener una reserva prudente sobre el caso porque su intención es llegar hasta el fondo de este asunto y conocer exactamente quién o quiénes están implicados, cómo se realizó la operación y, en especial, qué delitos podrían concurrir. Básicamente, el PP no quiere que la situación se le vuelva en contra y el funcionario se escabulla por algún resquicio legal, por eso, tras unas averiguaciones básicas, cuando se certificó que efectivamente existía una base cierta para acudir a la Fiscalía se dio el paso.

En paralelo, se procederá a investigar toda la trayectoria profesional del presunto defraudador, aunque por ahora las posibles irregularidades detectadas se concentran en el periodo en el que trabajó en la sección de Nóminas del área de Personal.

Cabe señalar que entran muchas variables para determinar a priori qué delitos podría considerar la Fiscalía que concurren en este caso, ya que el Código Penal prevé además un tratamiento agravado cuando un funcionario, abusando de su cargo, comete algún tipo de estafa o apropiación indebida, pero la calificación dependería de cómo se produjo exactamente el cobro.