El PP espera que el Gobierno «no se atreva» a paralizar sus enmiendas a la Ley de Dependencia
La diputada 'popular' Carmen Fúnez se reúne en Burgos con familias al cuidado de menores con cáncer u otras enfermedades graves que reclaman más y mejores prestaciones
Ángel Ibáñez, Carmen Fúnez y Cristina Ayala, en la sede del PP de Burgos.
Del Senado al Congreso de los Diputados. La Ley de Dependencia será objeto este miércoles de una profunda reforma y el Partido Popular confía en que el Gobierno de Pedro Sánchez «no se atreva a paralizar» sus 45 enmiendas, aprobadas por amplia mayoría (235 votos a favor y 23 abstenciones) la semana pasada, pese al «veto» inicial del PSOE.
Prácticamente en la víspera de este último examen en la Cámara Baja, la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, se reunió este lunes en Burgos con familias que perciben la prestación CUME, dirigida al cuidado de menores con cáncer u otras enfermedades graves. Antes del encuentro, quiso manifestar que la aprobación íntegra de la reforma respaldada en el Senado supondrá un «avance esencial» para mejorar la calidad de vida de quienes se encuentran en situación de dependencia y sus cuidadores.
Uno de los planteamientos que los 'populares' pretenden implementar en la nueva ley es la ampliación de las prestaciones más allá de los 26 años en casos de necesidad extrema, así como la reducción de la jornada laboral o la «protección especial» de los autónomos. Todo apunta, no en vano, a que el Ejecutivo mantendrá su postura en defensa del texto original, que ya de por sí plantea numerosos cambios, mientras Fúnez achaca los reparos de los socialistas dentro de este apartado a un tema meramente económico: 2,3 millones de euros de inversión en 2027 que aumentarán de manera progresiva hasta los 12,3 en 2031.
Tampoco tiene sentido, a juicio de Fúnez, que el Gobierno se oponga a la reducción del IVA al 4% para quienes necesiten adaptar viviendas o vehículos por situación de dependencia. Por otro lado, lamentó que el «gran fallo» de la actual normativa, aprobada en 2006, reside en la financiación. Y es que del reparto al 50% planteado se pasó a una aportación del 72% por parte de las comunidades autónomas mientras el Estado se hacía cargo del 28% restante.
«Vuelven a ser víctimas»
Tampoco quiso pasar por alto la diputada del PP el toque de atención de la Fiscalía General del Estado en relación a las pulseras Cometa para la protección de las víctimas de violencia de género. Los fallos de estos dispositivos, evidenciados por el Ministerio Público en su última memoria, requieren subsanarse a la mayor celeridad posible. Tratándose de una «situación absolutamente indeseada», la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, anunció que su partido defenderá una proposición en el próximo pleno en este sentido.
Como era de esperar, los 'populares' cargan contra el Ejecutivo por los errores detectados, ya sea por «falta de cobertura» o «falsas alarmas», poniendo principalmente el foco sobre las mujeres maltratadas que residen en el medio rural. En base a ello, el diputado burgalés Ángel Ibáñez avanzó su intención de presentar una batería de preguntas en el Congreso para exigir «medidas urgentes».
Tomando como referencia lo recogido en la Memoria de la Fiscalía, Fúnez lamentó que las usuarias de Cometa «vuelven a ser víctimas». De paso, aprovechó para cargar contra un «Gobierno acosado por la corrupción» que, a su entender, «ha dejado a agresores en la calle con la Ley del 'solo sí es sí'» y que constituye «un fraude absoluto para todos los españoles».