El PP exigirá al Gobierno medidas urgentes ante los fallos del sistema Cometa

El grupo municipal del PP llevará al próximo pleno ordinario una proposición para «exigir explicaciones y medidas urgentes ante los persistentes fallos del sistema Cometa», el dispositivo telemático de control de agresores de violencia de género.

La concejal de Servicios Sociales, Milagros del Campo, recordó que, hace un año, «el grupo municipal del PP ya alertó de deficiencias críticas derivadas del cambio de prestador de servicio efectuado en 2023, que incluían problemas informáticos, pérdida de cobertura y vulnerabilidades que permitían a los condenados quitarse los dispositivos, derivando en sobreseimientos y absoluciones en detrimento de las víctimas».

Un año después de aquellas advertencias, «la situación sigue sin resolverse de forma satisfactoria». En la actualidad, «la provincia cuenta con 25 dispositivos activos, cuatro más que hace un año, pero el Ministerio Público continúa señalando carencias de cobertura que provocan falsas alarmas y graves dificultades para la instalación de los aparatos», aseveró.

Esta situación «deja a numerosas localidades y zonas rurales excluidas de su uso, lo que en ocasiones obliga a recurrir de manera preventiva a la prisión provisional». Además, la concejal advirtió de que «el estrés constante generado por pitidos, falsas alarmas y la sensación de pérdida de libertad lleva a varias mujeres víctimas a solicitar la retirada voluntaria de la pulsera a pesar de que el riesgo persista, mientras los agresores hacen vida con total normalidad».

A esta situación, Del Campo sumó «el incremento de los quebrantamientos de condena, que según los datos del Poder Judicial, señalan un total de 351 diligencias previas y urgentes, lo que supone un aumento del 40% respecto a periodos anteriores, impulsado en muchos casos por el uso de redes sociales o pagos a través de aplicaciones móviles para contactar con las víctimas».

Para el PP, la adjudicación del contrato «a una empresa sin experiencia previa ha demostrado poner en riesgo la seguridad de las mujeres» y Del Campo aseveró que «la protección institucional no puede depender de un sistema que genera desconfianza e inseguridad».

Por todo ello, la propuesta de los populares pedirá «reiterar la exigencia planteada para que se hagan públicos de forma inmediata los datos de una auditoría externa sobre el contrato, el funcionamiento real y la fiabilidad del sistema Cometa». Instar a los ministerios de Igualdad y del Interior «a investigar con carácter urgente las causas de la falta de cobertura, localización y las falsas alarmas en Burgos, prestando especial atención al medio rural donde resulta imposible su implantación».

El PP también pedirá «exigir la modificación del protocolo de atención a las víctimas que solicitan retirar la pulsera, asegurando que esta decisión responda a una valoración real y técnica de reducción del riesgo y no a las propias carencias del sistema» y «requerir que se publiquen de manera periódica y desglosada por provincias los datos relativos a los quebrantamientos y diligencias abiertas ante este incremento del 40%».

Por último, la propuesta recoge «dar traslado de los acuerdos a los ministerios de Igualdad, del Interior y de Presidencia, así como a la Delegación del Gobierno y a la Federación Española de Municipios y Provincias».

Apoyo a ceuta

Por otra parte, la formación popular llevará una segunda proposición para mostrar su «firme respaldo a la ciudad autónoma de Ceuta ante la compleja situación que atraviesa» y que «afecta de manera directa a la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de España», tal y como aseguró la portavoz del PP, Andrea Ballesteros.

«Ceuta y Melilla no son territorios accesorios ni ajenos al país, sino piezas inquebrantables de la Nación cuya defensa no admite dudas ni matices políticos».

La iniciativa incide en que «el problema actual sigue plenamente activo y genera graves consecuencias cotidianas, como la dificultad de los menores para acudir con normalidad a los colegios y escuelas infantiles». Por este motivo, se exige al Gobierno de España «la adopción de medidas extraordinarias urgentes destinadas a restablecer la legalidad, garantizar el orden público y proteger de forma efectiva los derechos fundamentales de todos los ciudadanos ceutíes, asegurando que la normalidad regrese a las calles de la ciudad».

Asimismo, la proposición subraya «la responsabilidad directa que recae sobre el gobierno de Marruecos en la gestión de los flujos migratorios y la seguridad fronteriza». En el plano migratorio, el texto plantea «un posicionamiento claro respecto a la vía de permanencia de las personas que han accedido de manera ilegal al territorio nacional» y el PP reclamará «la identificación rigurosa de quienes entraron de forma irregular y la promoción activa de su retorno a los países de origen, defendiendo el cumplimiento estricto de la legislación vigente en materia de extranjería y fronteras».