Burgos desbloquea 750.000 euros en facturas con la nueva instrucción sobre los reconocimientos extrajudiciales

El Ayuntamiento de Burgos ha comenzado a desbloquear los reconocimientos extrajudiciales de crédito (REC) que permanecían paralizados desde el verano con la aprobación en Junta de Gobierno de una instrucción interna que fija los criterios para tramitar las facturas pendientes después de la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 15 de junio. El Partido Popular ha dado salida a varios expedientes por un importe que ronda los 750.000 euros, según explicó la portavoz del equipo de Gobierno, Andrea Ballesteros.

La decisión llega dos días después de que el PSOE denunciara que el Consistorio llevaba dos meses sin tramitar reconocimientos extrajudiciales y estimara en alrededor de 1,5 millones de euros los pagos pendientes por servicios municipales sin contrato. Los socialistas atribuyeron parte del bloqueo a la incertidumbre generada por la resolución del Supremo.

Ballesteros reconoció que la gestión de estos expedientes "había quedado parada" a raíz de la sentencia y explicó que el equipo de Gobierno pidió en julio a los habilitados nacionales que elaborasen una instrucción general para que todas las áreas municipales aplicasen los mismos criterios. El objetivo, señaló, es "desatascar la gran mayoría de las facturas pendientes de pago" y evitar que cada servicio tramite estos expedientes de una manera diferente.

La instrucción establece dos vías para poder pagar esas facturas. La primera afecta a las prestaciones realizadas sin contrato o con órdenes de continuidad cuando, además, no existía crédito en el momento de ejecutar el servicio. En estos casos, el pago se limitará al coste real y efectivo de la prestación más el IVA, sin incluir gastos generales ni beneficio industrial. 

La segunda contempla los contratos de servicios o suministros ya vencidos cuando existe crédito y se ha iniciado un nuevo procedimiento de contratación. En estos casos se podrá mantener el reconocimiento extrajudicial y abonar el importe completo de la factura, incluidos gastos generales, beneficio industrial e IVA.

La complejidad de esta instrucción es que la clasificación de los supuestos de pago deberá hacerse expediente por expediente. El gerente, jefe de servicio o jefe de sección tendrá que determinar de forma expresa y motivada en cuál de los dos supuestos encaja cada factura. Ballesteros insistió en que la instrucción no permite establecer de antemano qué servicios quedarán dentro de una u otra vía.

Los primeros expedientes desbloqueados corresponden, entre otros, a servicios relacionados con ascensores, prevención de riesgos laborales, telefonía fija y datos y equipos audiovisuales. El de mayor cuantía es una factura de 628.496 euros por el suministro de gas natural, a la que se suman 42.123 euros por climatización de colegios y otra factura de unos 43.000 euros de telefonía móvil, además de varios importes menores. En conjunto, Ballesteros calculó que el volumen liberado en esta Junta de Gobierno «rondará los 750.000 euros».

Uno de los asuntos pendientes es el de los centros cívicos. Preguntada por las facturas acumuladas por este servicio, Ballesteros señaló que «la gran mayoría» encajaría en el segundo supuesto, ya que existe crédito y se ha iniciado la nueva contratación, por lo que podrían abonarse íntegramente. No obstante, matizó que es necesario revisar cada expediente y confirmar su situación concreta.

La portavoz también diferenció los REC de las convalidaciones por omisión de la función interventora, una cuestión que afecta, entre otros expedientes, a la Orquesta Sinfónica de Burgos. Según explicó, algunos de los expedientes de la OSBU son REC, mientras que otros habían llegado prácticamente al final de su tramitación y deben seguir un procedimiento diferente.

Proyecto de urbanización en Villalonquéjar

Por otro lado, en la reunión semanal se dio el visto bueno al proyecto de remodelación de las calles Merindad de Castilla la Vieja y Merindad de Montija, en su fase 2. El área de Urbanismo encargó la redacción a la empresa MBG, Ingeniería y Arquitectura, y a principios de septiembre llegó la propuesta, que plantea que la ejecución material de la obra rondará los 2.749.037 euros, en cuanto se redacten los pliegos para sacar el concurso. Ballesteros informó que se estima un plazo de ejecución de los trabajos de 10 meses una vez que se formalice el contrato. 

Esta actuación, que entraba en la programación de mejoras de urbanización en los polígonos industriales de Burgos, está condicionada a que los Ministerios de Economía y Hacienda autoricen la refinanciación de la deuda de los consorcios para poder solicitar un crédito para inversiones que se estimaba de inicio en 18 millones de euros, según recordó la popular.