Servicios Sociales descarta recuperar la seguridad privada en los cívicos tras la agresión en San Agustín

La Gerencia Municipal de Servicios Sociales descarta recuperar, por el momento, el servicio de seguridad privada en los centros cívicos de Burgos tras la agresión denunciada por un trabajador del centro de San Agustín a mediados de septiembre. La responsable del área, Milagros del Campo, consideraba que se trata de un "episodio puntual" y que las medidas deben centrarse en el usuario implicado, cuya entrada en las instalaciones estará prohibida. El Ayuntamiento estudia que la expulsión pueda prolongarse durante varios años, aunque todavía está por determinar su duración conforme al reglamento.

"Si hubiera más altercados o se produjeran más situaciones, se valoraría la posibilidad de poner seguridad", afirmaba Del Campo, tras aseverar que "por los centros cívicos de la ciudad pasan a diario miles de personas y se desarrollan cientos de actividades sin que se produzcan incidentes de este tipo". 

La edil insistía en que el Ayuntamiento pretende aplicar "medidas proporcionadas a cada situación". En este caso, la actuación que se baraja ya se implementó tiempo atrás, también de forma temporal, sin que, en vista de lo ocurrido, haya servido para evitar nuevos incidentes.

Preguntada por la atención al empleado afectado, Del Campo confirmó que "se ha hablado con él" y aseguró que contará "con todo el apoyo que sea necesario". Cabe recordar que el empleado denunció los hechos ante la Policía después de acudir a Urgencias y obtener un parte de lesiones. Según relató a este periódico, el usuario le esperaba a la salida del centro, le insultó, le agarró y zarandeó hasta hacerle caer y, posteriormente, le propinó un puñetazo. El documento sanitario recogió contusiones en la espalda y arañazos en el pecho. El trabajador necesitó rehabilitación y asistencia psicológica.

En todo caso, la decisión de no recuperar el servicio de seguridad privada para estos espacios desoye las peticiones de los trabajadores de los centros cívicos, que exigían volver a contar con un efectivo que anteriormente realizaba rondas por las instalaciones y podía acudir cuando surgía algún problema. 

Del Campo hacía estas precisiones tras informar de los asuntos abordados por el consejo de administración de la Gerencia Municipal de Servicios Sociales, centrado en asuntos económicos y de contratación. En concreto, diez expedientes de reconocimientos extrajudiciales de crédito, por un importe conjunto de 556.233 euros, no salieron adelante al votar en contra los representantes del PSOE y Vox. Según precisó la responsable del área, "prácticamente todos corresponden a los distintos lotes de los centros cívicos".

A esta cantidad se suman otros dos expedientes de la casa de acogida La Encina, por un total de 38.620 euros correspondientes a mayo y junio de 2026, que ya habían sido aprobados por la Junta de Gobierno Local. 

La edil informó además de que el contrato de los centros cívicos, el de mayor cuantía del departamento, así como el del programa de envejecimiento activo, están pendientes de la valoración técnica, por lo que "se encuentran avanzados". También precisó que el programa Revisbur, que incluye la gestión de viviendas y el antiguo programa dual, "cuenta ya con una propuesta de adjudicación que se formalizará próximamente". 

Por otra parte, Del Campo valoró los datos trasladados por la Junta sobre la previsión de financiación vinculada al Acuerdo Marco de Servicios Sociales. Se distribuirán en total 30 millones en el conjunto de la región, de los que 21 millones se destinarían fundamentalmente a dependencia y ayuda a domicilio. La Administración autonómica avanzó además la incorporación de 43 profesionales de atención básica, principalmente trabajadores sociales, también para toda Castilla y León. En ambos casos, el Ayuntamiento desconoce las cantidades (económicas o de personal) adjudicadas a Burgos. "Se conocerán a finales de este mes", apostilló la concejal.