Cáritas señala la crisis de la vivienda como «alimento clave» de la pobreza y «principal factor de exclusión social»

«La crisis del acceso a la vivienda ha dejado de ser un problema coyuntural para convertirse en una barrera estructural que alimenta las bolsas de pobreza en Castilla y León». Así lo aseguró Guenther E. Boelhoff, presidente de Cáritas de Castilla y León, momentos antes de la celebración de las XXIV Jornadas Regionales que la entidad celebró en la capital burgalesa.

Bajo el lema ‘Construyendo comunidad desde el derecho a un hogar’, la cita autonómica acogió la presentación del estudio ‘Habitar entre la precariedad y la exclusión’. El informe, elaborado tras dos años de análisis y más de 600 encuestas a personas acompañadas por la entidad en la comunidad, radiografía una realidad alarmante y es que la vivienda ha dejado de ser un espacio de protección para convertirse en el principal factor de exclusión social.

Boelhoff subrayó que «el problema habitacional no es una consecuencia secundaria de la vulnerabilidad económica, sino un detonante directo» y «un factor que incide decisivamente en la creación de bolsas de pobreza en nuestra sociedad».

El presidente de la organización en la comunidad puso de relieve las trabas que afrontan las familias no solo para acceder a un inmueble, sino para sostenerlo en el tiempo. «Hay una parte significativa de nuestra población que tiene dificultades para acceder a la vivienda, no solo por falta de recursos económicos, sino por todas las exigencias que se exigen», explicó. Según el estudio, los ingresos insuficientes afectan al 42% de las personas encuestadas, la falta de contrato laboral o nómina, al 35%, y las dificultades relacionadas con el origen extranjero.

Asimismo, remarcó el impacto que supone mantener un hogar cuando los costes absorben la mayor parte de los ingresos familiares y es que «más del 50% de la población estudiada presenta la necesidad de acceder a algún tipo de ayuda o apoyos externos para poder hacer frente a la vivienda».

Boelhoff también hizo hincapié en «el importante impacto emocional y social» que conlleva la inestabilidad habitacional, donde la rotación constante de inmuebles y la necesidad de compartir piso «destruyen el arraigo». «Entendemos que la vivienda es algo más que un espacio físico. Es el punto de partida donde se inicia la vinculación a la comunidad. Vivimos un tiempo donde hacen falta ayudas de emergencia, pero la vivienda afecta a toda la vida. Desde la necesaria generación de vínculos al territorio y al crecimiento donde las personas puedan sentirse arraigadas», concluyó.

El estudio recoge en este sentido que ocho de cada diez personas presentan alguna dificultad económica vinculada al coste de la vida. El 50,2% afirma vivir con mucha dificultad después de asumir los gastos residenciales y 3 de cada 10 destina más del 60% de sus ingresos al alquiler. Para más de la mitad de los encuestados es necesario contar con apoyos externos para mantener la vivienda.

Mujer, joven y migrante

Por su parte, María Gutiérrez, coordinadora de Acción Social de Cáritas Burgos, desgranó el perfil de las personas más castigadas por este escenario. «Aunque la problemática afecta de forma generalizada a la sociedad, el estudio demuestra que existen colectivos con barreras prácticamente insalvables».

Así las cosas, apuntó que «dentro de los más vulnerables también hay colectivos más vulnerables aún» y son «especialmente las mujeres, las familias con hijos, las personas de origen extranjero y la franja de edad más joven», señaló Gutiérrez.

Para la coordinadora de Acción Social, resulta «dramático» que la falta de alternativa habitacional «golpee de lleno a quienes intentan comenzar su vida». «La edad en la que tendrías que iniciar proyectos de futuro y poder soñar y planificar con un futuro es cuando las personas tienen más dificultades para acceder a un derecho que es matriz», lamentó al tiempo que apuntó que «consideramos la vivienda como un derecho matriz porque, si es difícil acceder a ella, es difícil acceder a otros derechos fundamentales».

Gutiérrez alertó también sobre la dimensión real del problema, recordando que el ‘sinhogarismo’ es «solamente la punta del iceberg» de la llamada «exclusión residencial». «Imaginémonos a toda una unidad familiar viviendo, no de forma puntual por unas vacaciones, sino de forma permanente en una habitación. ¿Cómo puedes afrontar una crianza positiva así, una vida de familia o de pareja en esas circunstancias?», planteó, haciendo un llamamiento urgente a «tomar medidas de protección para estos colectivos».

En este sentido, el informe señala que cuatro de cada diez encuestados presenta alguna situación vinculada a una menor autonomía, es decir, necesitan compartir alojamiento o residir en alojamientos colectivos. Además «la provisionalidad atraviesa a buena parte de los encuestados» y es que el 56% de lleva un año o menos en su vivienda actual.