El apoyo a las personas dependientes gana peso en la agenda de la Diputación

El apoyo a las personas con discapacidad o dependencia reconocida gana peso en la agenda de la Diputación de Burgos. Así al menos se desprende de las dos iniciativas materializadas este viernes, al menos sobre el papel, destinadas ambas a mejorar la calidad de vida de perfiles con necesidades específicas. En concreto, la Junta de Gobierno aprobaba las bases de una nueva línea de ayudas, dotada con 50.000 euros, para sufragar gastos de transporte a usuarios de centros de día, ocupacionales y servicios de promoción de la autonomía personal de la provincia, mientras que el Pleno respaldaba por unanimidad la proposición de PP y Vox, ya anunciada, para incorporar en el presupuesto de 2027 una partida de 175.000 euros destinada a colaborar con la Asociación de Esclerosis Lateral Amiotrófica de Castilla y León (ELACyL).

La mencionada convocatoria de transporte, que abarca el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de septiembre de 2027, pretende "aliviar los gastos que afrontan muchas familias para desplazarse de forma habitual a estos recursos, especialmente cuando se encuentran fuera de su municipio". La pretensión es que las ayudas cubran los traslados a espacios como los citados y otros acreditados por la Junta de Castilla y León.

"No basta con que existan buenos servicios de atención a la discapacidad y la dependencia, también tenemos que preocuparnos de las dificultades que encuentran las personas para llegar hasta ellos", señalaba la vicepresidenta de la Diputación, Inmaculada Sierra. La convocatoria se articulará mediante concurrencia competitiva y conforme a los requisitos establecidos en las bases, que excluyen los desplazamientos cuyo coste esté cubierto íntegramente por el propio centro, así como los casos en los que exista una plaza pública o concertada con transporte incluido y se opte voluntariamente por otro recurso.

Respecto al alcance de la medida, Sierra explicaba que la Diputación evaluará el funcionamiento de esta primera convocatoria para detectar nuevas necesidades y estudiar posibles cambios en las bases o un incremento de la dotación en próximos ejercicios. "Es preferible poner en marcha una medida útil, evaluar sus resultados y mejorarla, que diseñar políticas alejadas de las necesidades reales de las personas", indicaba en el comunicado difundido por la institución provincial al respecto.

Poco más de dos horas después, llegaba ese otro paso, conjunto esta vez, en similar dirección. Y es que el Pleno daba luz verde por unanimidad a la proposición presentada por PP y Vox para respaldar a las personas afectadas por ELA en la provincia. La iniciativa aprobada planteaba incorporar una partida de 175.000 euros al presupuesto de 2027 (en cuyo proyecto ya figuraba incluso antes de someterse a votación) para colaborar con ELACyL, entidad que presta acompañamiento, asesoramiento y atención a pacientes y familiares.

El portavoz de Vox, Ángel Martín, defendía la necesidad de que la Diputación contribuya a paliar las dificultades económicas que afrontan estas familias ante la insuficiente financiación estatal y el retraso en el desarrollo efectivo de la Ley ELA. "En tanto en cuanto esto no llega, estas personas no pueden esperar y nosotros no podemos mirar hacia otro lado", afirmaba, para precisar que la partida provincial nace "con intención de desaparecer, porque tenemos la firme esperanza en que el Gobierno central desarrolle la norma". Mientras eso no ocurra, insistía, la Diputación debe contribuir.

En la misma línea, la portavoz del PP y vicepresidenta de la Diputación, Inmaculada Sierra, indicaba que la asociación beneficiaria prepara ya una memoria para concretar las necesidades de afectados y familiares, "entre ellas la formación, la ayuda a domicilio y el transporte de pacientes o profesionales". 

El respaldo unánime final, con todos los grupos de acuerdo en la necesidad de apoyo a los que sufren esta "cruel enfermedad", no evitó las discrepancias durante el debate previo. Así, la portavoz socialista, Nuria Barrio, tras expresar el respaldo de su grupo a la propuesta y reconocer la labor de ELACyL, cuestionaba que la iniciativa no se presentara como una declaración institucional conjunta. Atisbaba en la decisión de PP y Vox de ir por libre cierto "uso partidista" de una causa que, a su juicio, debería haber concitado "el consenso de toda la corporación". Lo mismo opinaba Belén Esteban, de Sentir Aranda.

Barrio también reclamaba que se reconozca la financiación estatal ya aprobada, "porque existe", y reprochaba a los proponentes que no incluyeran entre los acuerdos una exigencia expresa a la Junta de Castilla y León para agilizar la tramitación de las prestaciones por dependencia, que son de su competencia. En concreto, aludía a las 35 solicitudes de reconocimiento del grado 3 extremo de dependencia registradas en Burgos y preguntaba cuántas se habían resuelto, cuántas personas estaban percibiendo ya la prestación y cuánto tiempo estaba tardando la Junta en tramitar los expedientes.

Sierra reivindicó, en términos generales, la gestión de la Administración regional en este ámbito, pues resuelve las solicitudes «modélicamente y mejor que otras comunidades autónomas», tal y como, según aseguró, «reconocen los propios integrantes de ELACyL». Hasta ahí la respuesta.

Superado el duelo dialéctico, todos los partidos apoyaron con su voto a favor la propuesta, que remataba una jornada en la que la Diputación se conjuraba, por casualidad o no, para aliviar las dificultades de personas que por enfermedad, discapacidad o deterioro asociado a la edad requieren apoyos específicos. "Para eso estamos", espetó en un momento del Pleno su presidente, Borja Suárez.