Burgos aplaza la renovación de su PGOU pese a admitir que necesita un nuevo plan

El Pleno extraordinario solicitado por el PSOE para abrir el debate sobre el futuro urbanístico de Burgos terminó sin acuerdo y con un enfrentamiento político entre los grupos municipales. Los socialistas acudieron a la sesión, celebrada este miércoles 4 de noviembre, con la intención declarada de poner sobre la mesa propuestas para actualizar el modelo de ciudad y buscar consensos a largo plazo. Sin embargo, PP y Vox rechazaron iniciar los trámites para revisar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), una decisión que dejó en minoría la iniciativa del PSOE, respaldada únicamente por sus doce concejales, frente a los 15 que sumaban las otras dos fuerzas, en otra hora unidos en un bipartito.

El debate tuvo dos planos. Por un lado, el urbanístico, con las propuestas de Daniel Garabito (PSOE) para aprovechar espacios sin desarrollar dentro de la ciudad, conectar barrios y adaptar el planeamiento a las necesidades actuales. Por otro lado, el político, marcado por los reproches del vicealcalde y responsable de Urbanismo, Juan Manuel Manso, que cuestionó la oportunidad de la convocatoria, afeó al PSOE que no hubiera impulsado una revisión durante su mandato y acabó llevando la discusión al terreno de las infraestructuras nacionales con los accidentes ferroviarios y los apagones de luz.

La discusión en un momento de incertidumbre sobre el propio planeamiento urbanístico de Burgos. La modificación del PGOU de 2014, conocido como Plan Ezquiaga, que el Ayuntamiento aprobó provisionalmente por unanimidad en marzo de 2026, sigue pendiente del visto bueno definitivo de la Junta de Castilla y León. Un informe de los servicios de Urbanismo de la Administración autonómica, conocido el pasado 19 de octubre, puso en cuestión parte del trabajo acumulado durante ocho años y ha complicado el desenlace de un expediente que pretendía adaptar el plan de 2014 a distintas sentencias y cambios normativos.

Pese a la trascendencia de este escenario, la situación de la modificación pendiente no centró las intervenciones de la sesión extraordinaria, que se orientó al debate sobre la conveniencia de iniciar una revisión completa del modelo de ciudad.

Garabito quiso dejar claro desde el principio que el PSOE no planteaba el pleno «desde la confrontación» ni pretendía abrir una polémica, sino trasladar al órgano municipal más representativo una discusión que, a su juicio, requiere «un ejercicio de consenso». El portavoz socialista defendió que el urbanismo es una cuestión de «luces muy largas». No hablaba de realizar el encargo a un estudio mañana mismo, puesto que es necesario disponer de partida presupuestaria; «si empezamos hoy, en el mejor de los casos, podría entrar en marcha en 2032 o 2033». 

El grupo municipal aspiraba a sumar propuestas desde todos los grupos municipales, pero en ese campo se quedó solo. El principal argumento del PP para rechazar la iniciativa fue el posible efecto de la revisión sobre la concesión de licencias urbanísticas en algunos sectores, un planteamiento al que también se había referido anteriormente el concejal de Vox, Ignacio Peña, en su primera intervención. Sobre este particular, Garabito aclaró: «No asusten a los ciudadanos, ni a los promotores», indicando que la ciudad no estaría todavía en ese momento. Por su parte, Manso dijo: «En plena crisis de vivienda, para las licencias es la peor ocurrencia que puede haber en una ciudad».

La posición de Vox fue la de rechazar iniciar una revisión integral, ya que, como defendió Peña, «Burgos no atraviesa una emergencia urbanística» que justifique abrir un procedimiento que podría prolongarse durante una década y que el planeamiento actual todavía dispone de capacidad de desarrollo.

«Burgos necesita gestionar mejor la ciudad que ya tiene», sostuvo Peña, que puso el acento en las necesidades cotidianas de los vecinos, como el mantenimiento de las calles, la vivienda accesible, los aparcamientos, la limpieza y los servicios públicos. 

Desde Vox coincidieron con el PSOE en que existen aspectos del PGOU de 2014 que deben actualizarse, especialmente en materia de suelo industrial, pero defendió que se haga mediante modificaciones puntuales. También advirtió del riesgo de generar incertidumbre jurídica para familias, empresas e inversores.

«No nos oponemos a mejorar el urbanismo de Burgos, nos oponemos a abrir una revisión general larga, costosa e innecesaria», resumió Peña, que defendió priorizar la inversión en los barrios, la rehabilitación de viviendas y la mejora de la movilidad.

El vicealcalde, por su parte, cuestionó tanto el momento elegido por el PSOE como la falta de un diagnóstico técnico previo que justifique la apertura del proceso. Recordó que los socialistas gobernaron la ciudad entre 2019 y 2023 y que durante ese periodo no impulsaron una revisión integral del planeamiento. «Si el plan general de 2014 era tan malo, tan obsoleto, tan urgente cambiarlo, ¿por qué no lo cambiaron cuando ustedes pudieron?», preguntó al portavoz socialista.

Manso defendió que Burgos necesita un nuevo PGOU, pero no ahora. Si el PP continúa al frente del Ayuntamiento, su intención es plantear su tramitación «hacia el final de la próxima legislatura», una vez que estén encauzados los principales proyectos de la ciudad y se disponga de un diagnóstico apoyado en datos.

Más tarde, endureció el tono cuando vinculó la petición socialista de planificación a largo plazo con la situación de las infraestructuras del país. «Quizá su partido no sea el más indicado para dar lecciones este año con la alta velocidad ferroviaria como está y el sistema eléctrico cayéndose cada dos días», lanzó. Así, aludió a los accidentes ferroviarios, a las limitaciones de velocidad, a los retrasos de los trenes, además del apagón y a las infraestructuras viarias e hidráulicas.

Garabito, que cerró el debate como integrante del grupo proponente, lamentó la deriva del debate y los argumentos «demagógicos» del concejal de Urbanismo. «Veníamos a contar y veníamos a escuchar», insistió el socialista, que recordó que durante este mandato el PSOE ha llegado a acuerdos en esta materia, como a la hora de disolver los consorcios.

Desde su punto de vista, el grupo municipal socialista ha sido «exquisitamente propositivo». Como ejemplo, el edil indicó que el Ayuntamiento debe asumir un papel más activo en el desarrollo de determinados suelos porque «podrían permitir nuevas viviendas y mejorar la continuidad urbana».