Listas de espera: las operaciones aplazadas elevan a más de 6.000 los pacientes pendientes de cirugía en el HUBU

Están todos los que son, pero por separado, para que parezcan menos. Esa es, al menos, la percepción de la plataforma Sanidad Pública Sí tras conocerse «con nocturnidad y alevosía» los datos de las listas de espera sanitarias relativos al tercer trimestre del año. Lo cierto es que el análisis pormenorizado de las cifras difundidas por la propia Consejería de Sanidad arroja, según la entidad, un saldo total de pacientes pendientes de intervención quirúrgica muy superior al de la lista estructural, que es la que se toma como referencia oficial.

En concreto, la lista de espera quirúrgica del HUBU, integrada por 4.675 personas a 30 de septiembre, se elevaría hasta rozar las 6.900 si se incluyeran las operaciones transitoriamente no programables (un total de 1.647 en esa misma fecha) y los 575 casos pendientes tras rechazar su derivación a un centro concertado. La suma de estas cifras a la denominada lista estructural situaría el total en 6.897 pacientes. A juicio del médico e integrante de la asociación Sanidad Pública Sí Pablo Oyágüez, responsable técnico del observatorio que desmenuza la estadística, esta separación contribuye a «maquillar» las cifras difundidas por la Junta de Castilla y León y a mitigar la percepción del alcance real de las demoras.

Oyágüez cuestionaba especialmente el volumen de pacientes clasificados como transitoriamente no programables, una categoría que agrupa a personas cuya intervención no puede realizarse en la fecha prevista por circunstancias clínicas o personales. Consideraba, además, que habría que analizar qué parte de esos aplazamientos responde realmente a motivos atribuibles al paciente y cuál puede estar relacionada con dificultades del propio sistema sanitario. De hecho, los casos afectados por la huelga de médicos se incluirían en una categoría cuya evolución al alza preocupa seriamente a la entidad. 

En septiembre de 2019 contabilizaba 537 pacientes, frente a los 1.647 registrados en el mismo mes de 2026, un incremento de más del 200%. Mientras tanto, la lista estructural ha pasado de 3.526 personas a 4.675. La espera media para quienes figuran en ella ha aumentado de 110 días en septiembre de 2019 a 151 en el último dato disponible. "Pero este es el número de días que llevan esperando al término del plazo en cuestión, no el tiempo que transcurre entre que se indica una intervención y esta se produce", destacó Oyágüez, para incidir en que 1.534 pacientes llevan más de 160 días esperando una operación y 425 superan el año.

Por otra parte, Sanidad Pública Sí también advertía de la situación del servicio de esterilización del HUBU, un área crítica que presta de forma subcontratada la empresa Croma Gio.Batta, a través de Eficanza. Oyágüez explicó que la compañía se encuentra en suspensión de pagos y que sus trabajadores acumulan retrasos salariales y dudas sobre el cobro de sus nóminas.

"De momento parece que no ha afectado a la asistencia, pero en cualquier momento podría pasar", alertó, para subrayar que la esterilización es esencial para la seguridad de los pacientes y cuestionó la "privatización" de tales servicios, impulsada con motivo de la construcción del nuevo hospital. Según expuso, los proveedores han dejado de suministrar material a la empresa, lo que añade incertidumbre. 

Para evitar situaciones como la citada, la plataforma Sanidad Pública Sí reclamaba, una vez más, revisar el modelo de gestión del hospital y plantea que la Junta asuma temporalmente las actividades afectadas si fuera necesario, mientras se estudia su integración en la gestión pública.

Al hilo, la entidad social quiso ahondar, precisamente, en el coste de la concesión del HUBU. Oyágüez recordó que, según los cálculos efectuados a partir de las cuantías reflejadas en los presupuestos autonómicos y la ejecución de los mismos, el canon anual, inicialmente fijado en torno a los 45 millones de euros, se ha disparado con las modificaciones y reequilibrios del contrato, cuyo importe global supera ya los 1.600 millones. Aseveró al respecto que "entre 2017 y 2025 se han abonado 20 millones de euros por encima de las previsiones contractuales, una vez actualizadas las cantidades a euros de 2026".

Oyágüez advirtió, también, de que los pagos previstos para 2026 y 2027 podrían elevar el sobrecoste en otros 24,5 millones, dependiendo de las cantidades finalmente abonadas, lo que incrementaría ese gasto imprevisto a 44,5 millones. Sanidad Pública Sí estima que una gestión directa permitiría ahorrar entre 28 y 36 millones de euros anuales, lo que facilitaría amortizar en poco tiempo -"en un plazo de entre dos años y medio y cuatro años y medio", según el portavoz- el desembolso que podría requerir esta operación de "recuperación".

La asociación defiende que la eventual resolución del contrato debe acompañarse de una auditoría de las instalaciones, los equipos y los servicios, así como de un plan para asumir de forma ordenada las prestaciones que actualmente dependen de la concesionaria y sus subcontratas.