Los abogados recurrirán ante el Tribunal Supremo

M.R. / Burgos

El Colegio de Abogados sigue considerando que hay motivos, y datos que lo corroboran, para recuperar la celebración de juicios penales en Aranda y Miranda. Por esa razón, el órgano de Gobierno de los letrados burgaleses va a recurrir al Tribunal Supremo la decisión adoptada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que ratificaba la resolución adoptada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León que anulaba la celebración de juicios penales en estas dos localidades.

Según señala el decano del Colegio de Abogados, Pablo Hernando, la decisión que adoptó la Sala de Gobierno del TSJ el 22 de mayo de 2006 se basó en un descenso sustancial de las causas penales en Aranda y Miranda. Sin embargo, «creemos que no se produce este descenso», al menos con la importancia que manifiesta el Alto Tribunal.

Una de las razones en las que se basa el rechazo de los abogados a la decisión adoptada por el TSJ es que si hubo un descenso de causas penales en 2006, al menos desde el punto de vista estadístico, es porque en el año 2005 se puso en funcionamiento el tercer Juzgado de lo Penal de Burgos, lo que hace que los procedimientos se dividan entre tres y no entre dos órganos judiciales. «A cada juzgado le corresponden menos casos, lo que no quiere decir que baje el cómputo general», apunta Hernando. El decano del Colegio de Abogados apoya esta insistencia de recuperar los juicios en Aranda y Miradan en el hecho de que «para nosotros, lo primordial son los ciudadanos, así como los policías que tienen que acudir como testigos».

Junto a este hecho, el Colegio de Abogados ha elaborado un informe que pretende dar más fundamento a esta visión sobre los juicios penales. Un estudio que recoge «datos reales» que se han recogido directamente de los juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Aranda y Miranda sobre el número de procedimientos penales. Una recopilación de datos que «constata que no se ha producido ese descenso».

Del mismo modo, hay un tercer argumento que expone Hernando para defender el regreso de los juicios penales a Aranda y Miranda. Está relacionado con el aumento, en los últimos tres años, de procedimientos relacionados con delitos como exceso de alcoholemias y otros delitos contra el tráfico.

El Alto Tribunal de la región decidió anular el traslado de los juicios penales a Aranda y Miranda, que venía funcionando desde abril del año 1990, en virtud de otro acuerdo de la Sala de Gobierno. La justificación de la revocación de este acuerdo radicaba en que era una medida «ineficaz» que no se justificaba «ni por el número de causas incoadas en dichos partidos ni por una mejor administración de Justicia», según escribía el presidente de TSJ, José Luis Concepción, en un artículo de opinión publicado en este periódico el 15 de febrero de 2008..