El Correo de Burgos

El Pleno aprueba un presupuesto «austero» con la oposición del PSOE

El debate presupuestario estuvo marcado por el déficit que generan las residencias de ancianos y la negociación con la Junta para su gestión

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Burgos

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N.E. / Burgos

La Diputación Provincial aprobó ayer un presupuesto para 2011 «realista, austero y con un control exhaustivo del gasto corriente». Estas fueron las palabras empleadas por el vicepresidente segundo y presidente de la Comisión de Hacienda, José María Martínez, a la hora de presentar las cuentas ante el pleno para someterlas a votación.

El equipo de Gobierno contó con la aprobación de Solución Independiente para sacar adelante el presupuesto que asciende a 102,9 millones para la Diputación, un total de 9,2 para el Instituto para el Deporte y la Juventud, y otros 900.000 euros para la Sociedad para el Desarrollo de la provincia (Sodebur).

El Grupo socialista votó en contra, tal y como ya había anunciado la semana pasada, ya que como explicó su portavoz, José María Jiménez, están en desacuerdo con el elevado gasto que supone el mantenimiento de las residencias de ancianos, cerca de 20 millones de los 102 presupuestados.

Precisamente, el coste de las residencias de ancianos centró buena parte del debate de la sesión plenaria extraordinaria que, como cada 28 de diciembre, tiene lugar en el Palacio Provincial para aprobar el presupuesto del siguiente ejercicio. También se cuestionó quién debe ser la administración competente en este servicio.

El equipo de Gobierno que, insistió en que estas residencias hacen un servicio social incuestionable para los ciudadanos de la provincia, reconoció que se está negociando con la Administración regional para tratar de reunir ingresos para hacer frente a su mantenimiento. Martínez aseguró que se está «intentando» llegar a acuerdos razonables para que el déficit que producen las residencias de ancianos, que ronda los 20 millones de euros, se reduzca «en la medida de lo posible». Sin embargo, indicó que la solución no llegará antes de cinco o seis años. 

El portavoz del PSOE fue especialmente crítico con el «lastre» que supone para la institución mantener estas instalaciones. «Estamos totalmente hipotecados por la posesión de cinco residencias de ancianos porque de un presupuesto de 102 millones, 18 o 20 son para las residencias, y no tenemos margen para hacer nada», aseguró durante su intervención. Añadió que tenía constancia de que el equipo de Gobierno está haciendo esfuerzos por obtener ingresos de otras administraciones y recordó que ahora es el peor momento para negociar.

Jiménez insistió en el hecho de que lleva desde el año 2004 advirtiendo sobre esta cuestión. «El PSOE no quiere que se cierren las residencias  sino que queremos que las gestione quien tiene que gestionarlas que es la Comunidad Autónoma», argumentó.

Por su parte, Cristino Díez, portavoz de Solución Independiente, no cuestionó que estas residencias de ancianos hacen un bien social, pero sí aseguró que su mantenimiento es un «lastre» para la Institución. A juicio de Díez, el presupuesto de la Diputación debería apostar por fomentar políticas que contribuyan a la creación de empleo en la provincia.

Durante el debate sobre las cuentas para 2011, Jiménez llamó la atención sobre el hecho de que la Diputación para invertir dos euros tiene que gastar ocho en personal, gasto corriente y gasto financiero. A juicio del socialista, esta realidad invita a cuestionarse la utilidad de estas instituciones.

A este respecto, fue Borja Suárez, portavoz del equipo de Gobierno, el encargado de responder al grupo socialista. Afirmó que la Diputación  apuesta por recuperar  margen de maniobra, «hay que invertir esa situación de que por cada dos euros de inversión hay que gastar ocho», reconoció Suárez, que indicó que el margen está en la gestión de los servicios de forma externa. Añadió que la política de Personal debe cambiar y precisó que la línea a seguir es la congelación de la oferta de empleo y la amortización de plazas. Respecto a las líneas de actuación, Suárez afirmó que se apuesta por el desarrollo provincial y los servicios sociales.

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