EL PP en las Cortes pide al Gobierno que reconsidere el cierre de Garoña

Valladolid

El Grupo Parlamentario Popular de las Cortes de Castilla y León ha presentado una Proposición no de Ley (PNL), que se debatirá en el próximo Pleno de los días 8 y 9 de febrero, en la que se solicita al Gobierno de la Nación que reconsidere el cierre de la Central de Santa María de Garoña, para salvar con ello los puestos de trabajo que genera en la zona.  De esta forma, el Parlamento Regional se une a la petición formulada recientemente por el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, al Ejecutivo central.

Según un comunicado del Grupo recogido por Ep, el Consejo de Seguridad Nuclear se pronunció el 5 de junio de 2009 de forma unánime acerca de la prorroga por diez años para el funcionamiento de la central, apostando así por la continuidad en la producción nuclear y de los más de mil puestos de trabajos que la central genera en la zona.

«La inmensa mayoría de los agentes económicos, incluso los que anteriormente se habían posicionado del lado antinuclear, han ido dándose cuenta de que con nuestra dependencia energética y la crisis económica actual no podemos permitirnos prescindir de ninguna fuente de energía por motivos ideológicos», considera el PP, que indica que también las fuerzas políticas representadas en el Parlamento regional manifiestan «unánimemente» su apoyo a una PNL del 16 abril de 2008 para vincular al informe del Consejo de Seguridad Nuclear la prolongación de la actividad de la central en los términos y plazos dictados.

El Grupo Popular en las Cortes recuerda que poco tiempo después el Partido Socialista «decidió desmarcarse de esta postura e inexplicablemente optó por avalar el cierre de la central de Garoña en 2013». Según apunta, el ámbito energético es uno de los sectores donde el Ejecutivo socialista ha presentado más reformas y contrarreformas, «como demuestra el cambio de postura del PSOE a nivel regional».

«En esta misma línea, el año pasado modificó en dos ocasiones la redacción de la Ley de Economía Sostenible, de forma que finalmente se establece la posibilidad de alargar la vida útil de las centrales nucleares», asevera, al tiempo que agrega que «en una nueva contradicción el Ministerio de Industria ha nombrado como Secretario de Energía a una persona que ha realizado un informe de parte para el recurso que Nuclenor  ha planteado contra la orden de cierre».

Revisión política

«Incluso estas semanas atrás, los medios de comunicación han publicado que el Gobierno estaría dispuesto a revisar su política energética en materia nuclear a petición de los sindicatos. Ese cambio de rumbo, y la reconsideración del cierre de Garoña significarían un gesto real en su intención de conformar un pacto energético que interesa a todos los españoles», señala. A todo lo anterior, el Grupo Parlamentario suma las subidas en la factura de la luz que a su juicio «están vaciando cada vez más los ya maltrechos bolsillos de los españoles, todo ello debido a la inexistencia de una política energética razonable para las necesidades de nuestro país».

Además, incide en que la Asociación de consumidores Facua afirma que con la última subida de la luz aplicada enero de 2011, el usuario medio -que consume 270 kWh mensuales y tiene una potencia contratada de 4,4 kilovatios- pagará cerca de 220 euros anuales más que en 2007.

 «Esta escalada en los precios es consecuencia  directa de las nefastas decisiones tomadas en materia energética que van en la dirección incorrecta, la elevadísima actividad regulatoria en este sector y otras como el inesperado cierre programado de la central de Garoña en Burgos», destaca.

En esta misma dirección, según añade, el presidente regional Juan Vicente Herrera ha manifestado por carta al Gobierno de España la solicitud de mantener en funcionamiento la central de Santa María de Garoña durante el período considerado por el Consejo de Seguridad Nuclear, una postura a la que, como expresa, «conviene añadir un acuerdo en el mismo sentido por parte del Parlamento