El alcalde de Quintanaurría acusa de presunta «malversación» al de Carcedo

GERARDO GONZÁLEZ / BriviescaLos alcaldes burebanos de Carcedo y Quintanaurria prestarán declaración en el Juzgado de Briviesca para que la Justicia determine la existencia o no de un presunto delito de «malversación» en la adjudicación de fincas de masa común.Según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, el alcalde de la villa de Quintanaurria, Eduardo Vadillo, presentó una denuncia por un delito de presunta malversación el pasado mes contra el primer edil de Carcedo de Bureba, Agustín Gutiérrez.El denunciante afirmaba en su escrito que «el denunciado, quien desde hace muchos años ostenta el cargo público de alcalde de Carcedo de Bureba viene adjudicándose de manera irregular, por falta de los principios de exposición pública y de libre concurrencia en las adjudicaciones, a su favor todas las fincas de masa común de la pedanía en la que es alcalde obteniendo con ello unos beneficios privados fácilmente cuantificables». Igualmente, afirmaba que se ha ignorado en el Ayuntamiento por parte del alcalde «cualquier petición de información y el estado de cuentas solicitado» entendiendo el denunciante que se podría haber cometido un delito recogido en el artículo 434 del código Penal.Tras esta denuncia el Juzgado briviescano ha procedió a abrir diligencias previas sobre un presunto delito de malversación citando a ambas partes informándoles de que tienen derecho a nombrar defensores en la causa.Según el edil denunciante, esta presunta actuación no sujeta, a su juicio, a la normativa legal en vigor ha causado un importante perjuicio económico a las arcas municipales y es  la vía judicial la única que le ha quedado para poder esclarecer lo ocurrido.Cabe recordar que esta no es la primera ocasión en la que ambos Consistorios, el de Quintanaurria y Carcedo de Bureba, acaban como partes en el Juzgado de la capital burebana. A principios del presente año, el alcalde de la primera solicitó la intervención judicial para poder acceder a documentos administrativos y contables de la villa que, según afirmó, se le habían negado de forma sistemática pese a contar con el aval de la normativa vigente.De hecho en su petición ante el Juzgado añadía el informe jurídico emitido por la Diputación Provincial el pasado año en el que reconocen de forma explícita no solo su derecho de acceso a la información sino que ha de estar custodiada en la propia localidad de Quitanaurría. El asunto, antes de ser trasladado a la Administración de Justicia, también fue objeto de intervención por parte de la Junta de Castilla y León a petición del alcalde pedáneo.Este solicitó la intervención de la delegación territorial de la Junta de Castilla y León detallando siete cuestiones que, a su entender, constituían actuaciones irregulares del secretario municipal en distintos ámbitos.Tras solicitar la delegación autonómica un requerimiento de informe sobre la queja al alcalde de Carcedo de Bureba no se recibió respuesta en el plazo legalmente establecido por lo que se realizó una reiteración del requerimiento para esclarecer la situación.Ante la desatención, tanto del informe jurídico de la Diputación como del requerimiento de la Junta de Castilla y León, el edil de Quintanaurria solicitó en su escrito al Juzgado la supervisión, judicial o notarial, de la futura entrega de la documentación al entender que esta pueda ser incompleta.