Garoña, ¿punto y aparte?

L. Sierra/ ICAL

La central de Santa María de Garoña centra estos días las miradas de quienes apuestan por su mantenimiento y quienes llevan años reclamando su cierre. Un debate que podría desaparecer el próximo martes, 6 de noviembre, fecha en la que se agota el plazo para que Nuclenor, la empresa propietaria de la planta atómica, presente la documentación requerida por el Consejo de Seguridad Nuclear; un paquete de documentos entre los que ya se contempla el plan de desmantelamiento y las medidas previstas para garantizar la seguridad en el entorno hasta el cierre definitivo.

Cuando apenas quedan dos días para que el plazo se agote, son muchos los que todavía se aferran a la esperanza de que Nuclenor reconsidere su postura y mantenga la central que abastece a toda la comarca y da trabajo a vecinos del entorno. Una de las personas más preocupadas por lo que pueda suceder en los próximos días es el alcalde del Valle de Tobalina, Rafael González Mediavilla, quien teme que «si se cierra Garoña se acabe con la vida de toda la comarca».

A la espera de conocer cuál será el futuro de la central, el regidor explicó en declaraciones a Ical que la preocupación «es máxima», puesto que desconocen «si se va a cerrar o no», al afirmar que nadie les ha comunicado nada en claro. «Si la cierran será un mazazo para toda la comarca porque vivimos de Garoña», indicó el alcalde, consciente de la preocupación que existe entre los vecinos de localidades como Quintana Martín Galíndez, cercana a la propia central y otras como Trespaderne, Frías y Miranda de Ebro, donde viven muchas familias, «que dejarán de comer» si cierra la polémica central nuclear.

Desde que Nuclenor hiciese pública, el pasado mes de septiembre, su decisión de no solicitar la renovación de la autorización de explotación de la central nuclear han sido muchas las declaraciones que se han cruzado entre las partes implicadas en lo que desde algunos sectores se entendió como un pulso entre las eléctricas (Iberdrola y Endesa) y el Gobierno que preside Mariano Rajoy.

Todo comenzó cuando Nuclenor echó cuentas y vio que para mantener la planta seis años más era necesaria una inversión de alrededor de 140 millones de euros, hecho que para la empresa propietaria generaba «una situación de incertidumbre que ponía en duda la viabilidad económica de la planta», fruto del dictamen del CSN y de los planes de modernización permanente de la planta. En una situación económica más que complicada, el rechazo de Nuclenor fue recibido como un jarro de agua fría en el seno del Gobierno central, después de que en su programa electoral apostase por mantener la central más allá de 2013 y aprobase una orden para prorrogar su vida útil hasta el año 2019.

Ni las conversaciones de Industria, ni las de la Junta de Castilla y León, ni las del propio Partido Popular han parecido convencer a los verdaderos dueños de Garoña que estiman que para seguir operando deberán invertir 120 millones en seguridad, cantidad a la que habría que sumar más de 30 millones de impuestos. Un cálculo por el que estiman que seguir en activo seis años más les costaría entre 400 y 450 millones de euros.

El futuro de una comarca

El Valle de Tobalina vive por y para Garoña. Desde hace décadas ha visto como decenas de familias han fijado su residencia en alguna de las localidades de la zona y se han ido creando comercios y servicios que sobreviven gracias a la central. Geográficamente complicado y alejado de la capital burgalesa la comarca de Las Merindades, en la que se ubica la planta atómica, ha sobrevivido a la despoblación gracias a la instalación de una central que ha dado trabajo a cientos de vecinos y que en las épocas de parada del reactor nuclear ha visto incrementar el número de empleados hasta duplicar el mismo.

De ahí que a nadie le resulte extraño caminar por una localidad como Quintana Martín Galíndez (Burgos) y apreciar como este pequeño pueblo dispone de consultorio médico, farmacia, comercios, bares e incluso una gasolinera. Servicios poco comunes en un pueblo tan pequeño que podrían quedar relegados a la desaparición si finalmente la central echa el cierre. Esa es la principal preocupación de quienes habitan en esta y otras localidades cercanas, porque lejos de preocuparse por si Garoña es segura o no, son muchas personas las que confiesan que lo que realmente les quita el sueño es ver peligrar su puesto de trabajo y el pan de sus hijos.

Alrededor de mil familias dependen directa o indirectamente de la central nuclear burgalesa. Una cifra que preocupa a la Diputación de Burgos y a su presidente, César Rico, quien ha mantenido una serie de encuentros en las última semanas con el Comité de Empresa para escuchar las peticiones de las personas que podrían quedarse sin empleo en un momento en el que el número de parados ronda ya los seis millones de personas. En este sentido, el órgano encargado de defender a la plantilla ha manifestado en numerosas ocasiones que «hará todo lo posible» y lo que esté en sus «manos» para «defender los intereses de todos los trabajadores» de Garoña.

Menos pesimismo hay entre los colectivos ecologistas, que ven en el posible desmantelamiento de Garoña como una «oportunidad» para crear empleo. Desde Ecologistas en Acción, estiman que el número de puestos de trabajo que crearía el plan de desmantelamiento rondaría el medio millar ya que se trataría de la primera central nuclear de agua en ebullición que habría que desmantelar, hecho del que no hay antecedentes. Fuentes consultadas por Ical, estimaron que los trabajos de desmantelamiento podrían superar en el menor de los casos los diez años por lo que «se daría trabajo a muchas personas de la zona durante este tiempo».

Desmantelar una nuclear

Enresa es la empresa pública que se ocupa de la gestión y almacenamiento seguro de los residuos radiactivos que se producen en España. Ella sería la encargada de desmantelar Garoña atendiendo a los protocolos que se siguen en estos casos y en los que es necesario elaborar un calendario que, en el menor de los casos, supera los nueve años. De ahí que quienes hablan de una orden de desmantelamiento para Garoña planeen un calendario a muy largo plazo.

En la actualidad, la única planta española que se encuentra en proceso de desmantelamiento es la central nuclear José Cabrera ubicada en Almonacid de Zorita (Guadalajara). Esta planta atómica fue la primera central nuclear que entró en operación en nuestro país en 1968 (tres años antes que Garoña), cuyo fin tuvo lugar el 30 de abril de 2006. En este caso, las actividades previas a su desmantelamiento consistieron en la gestión del combustible gastado (evacuación desde la piscina y traslado al almacén temporal) y en el acondicionamiento de los residuos de operación.

No fue hasta hace apenas un año cuando se dio inicio al Plan de Desmantelamiento y Clausura que, según fuentes de Enresa, se prolongará como mínimo hasta 2015.

En el caso de que Garoña sea desmantelada, tendría que rendirse al protocolo que se sigue en estos casos y, probablemente, esperar unos cuantos años porque Enresa no dispone de capacidad suficiente como para desmantelar dos centrales nucleares a la vez en dos puntos diferentes del país. El principal problema es que para deshabitar una central nuclear son necesarios muchos efectivos humanos y técnicos sobre todo en las tareas de desmontaje de elementos radiactivos, donde se incluye el desmontaje y la descontaminación de todo el edificio y el reactor, entre otros.

Una tarea costosa en la que es necesario realizar una adecuada gestión de materiales, así como una caracterización radiológica para clasificar los residuos convencionales, aquellos que se estimen como peligrosos, materiales desclasificables y residuos radiactivos y combustible gastado. Los especialistas sostienen que hay que tener especial cuidado con los productos tóxicos y peligrosos, que deberán ser depositados y tratados en instalaciones, y especialmente con los residuos radiactivos.

En el caso de la planta alcarreña, las tareas para completar la liberación se prolongarán hasta 2016 hasta dar por concluido un desmontaje en el que está previsto se generen más de 100.000 toneladas de materiales y un coste de 135 millones de euros.

La más antigua de España

La central nuclear de Santa María de Garoña comenzó su actividad un 2 de marzo de 1971, hace ahora 41 años, lo que la convierte en la planta atómica más antigua del país. Su diseño se corresponde con el modelo de las centrales de primera generación, con un reactor de agua en ebullición que utiliza uranio enriquecido para la generación de calor, y que fue elaborado por la multinacional americana General Electric en los años 60.

Desde que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero anunciase en el año 2009, por orden ministerial, el cierre y desmantelamiento de la central para julio de 2013, Garoña pasó de ser la central veterana a ser el caballo de batalla de organizaciones antinucleares y ecologistas y la empresa propietaria, Nuclenor.

El cierre y no cierre de la central centró planteamientos, debates, congresos y muchos mítines políticos. Si el PSOE abogaba por un nuevo modelo energético en el que «no cabía Garoña», el PP era contrario a la decisión socialista y prometía mantener la central si llegaba al poder su líder, Mariano Rajoy. En medio de todo esto, un terremoto y posterior tsunami arrasaron el 11 de marzo de 2011 la costa de Japón y desató la alarma nuclear en medio mundo.

El desastre de la central nipona de Fukusima, central hermana a la de Garoña, lejos de olvidar el debate, avivó la polémica. Aunque los expertos en Geología y movimientos sísmicos descartaron que en el Valle de Tobalina pudiese ocurrir algo semejante a lo acontecido en Japón, fueron muchos los que se echaron las manos a la cabeza, mientras los organismos internacionales, con el Consejo de Seguridad Nuclear a la cabeza, iniciaron los denominados exámenes nucleares, conocidos como 'pruebas de estrés', que Garoña pasó con alguna que otra recomendación de mejora.

Tres años después de que Garoña haya sido protagonistas de cientos de titulares informativos y haya centrado diversas campañas electorales, es Nuclenor quien tiene la pelota sobre su tejado y, en última instancia, quien ha de tomar la decisión definitiva. La última palabra podría suponer el fin de décadas de marchas antinucleares hasta los pies de la central; un cambio de vida «incierto» para quienes viven en el entorno y una oportunidad de negocio para aquellos que reclaman un Plan de Reindustralización en el entorno.