El Correo de Burgos

El juez tumba la petición de 12M de Del Río a Aranda

El empresario exigía esta cantidad por resolver el contrato de la plaza de toros La Plataforma por la Plaza recuerda que quedan pendientes cuatro causas más

La plaza de toros de Aranda durante un festejo.-I. L. M.

La plaza de toros de Aranda durante un festejo.-I. L. M.

Burgos

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Aunque fue un compromiso adquirido por el propio Victoriano del Río cuando negoció la licencia de la plaza de toros de Aranda, finalmente ha sido el juez quien ha decidido archivar el Procedimiento Ordinario 99/2012 en el que el empresario reclamaba al Consistorio más de 12 millones de euros por la resolución del contrato. «El Juzgado, después de requerir al Ayuntamiento información sobre el estado del expediente administrativo y de que el Consistorio contestara que ya se había otorgado la licencia y construido los aparcamientos, ha decidido archivar el procedimiento judicial por carencia sobrevenida del objeto del proceso», explica la Plataforma por la Plaza de Toros, que recuerda que a día de hoy siguen en pie otros cuatro procedimientos emprendidos por Del Río con reclamaciones económicas «muy importantes» para el Ayuntamiento.El auto dictado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Burgos no entra a prejuzgar la legalidad de los acuerdos en los que la Junta de Gobierno Local concedió la licencia del coso -con los votos de la alcaldesa, Raquel González, y de los concejales Alfonso Sanz, Azucena Esteban y María Ángeles Marín- los días 19 de agosto y 9 de septiembre de 2014; una cuestión que se determinará en el procedimiento contencioso que ha promovido ya la Plataforma y con el que esperan poner «en evidencia la mala fe y la falta de respeto a la legalidad» con la que, en su opinión, actuaron «los cuatro soldados victorianos al otorgar las licencias de la plaza de toros».Aunque desde el equipo de Gobierno la portavoz Azucena Esteban aseguraba el pasado jueves que confía en que Del Río cumpla su palabra y retire los contenciosos antes del próximo Pleno, desde la Plataforma lo tienen claro: es una muestra más de la «absoluta pasividad e indolencia» de una corporación que no ha sido capaz de exigir la retirada en más cuatro meses.-Más información en la edición impresa-

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