Fomento enviará un borrador del desvío a la AP-1 a los transportistas

La aplicación del desvío obligatorio de los camiones que circulan por la N-I por la autopista de peaje AP-1, que se aplicará a otras 15 carreteras españolas, sigue generando posturas enfrentadas tanto en el sector como en el ámbito político.Así tras la reunión mantenida en la sede del Ministerio de Fomento sobre el asunto a la que acudieron el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Julio Gómez-Pomar, el director general de Carreteras, Jorge Urrecho, y el director general de Transporte Terrestre, Joaquín del Moral, y por parte del sector, el presidente de CETM, Marcos Montero, y el presidente del Comité Nacional de Transporte por Carretera y vicepresidente de la CETM, Ovidio de la Roza, las posiciones se han aclarado.Tras el encuentro, desde Fomento se expresó el compromiso de remitir a los transportistas un borrador de dicho proyecto «en la mayor brevedad posible» para que éstos puedan estudiarlo y plantear las alegaciones pertinentes.Cabe destacar que casi simultáneamente el Ministerio de Fomento anunció que prevé implantar dicho plan «de forma «gradual», a partir del segundo trimestre del año. Lo más llamativo de este anuncio es que, tal y como reconoció el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, Fomento tendrá que cerrar el plan con la Dirección General de Tráfico y el Ministerio de Interior. «Porque cualquier iniciativa que tenga un carácter obligatorio de desviación de tráfico es una medida que tiene que ser adoptada por resolución de la DGT».No obstante, la postura favorable de la Dirección General de Tráfico queda evidenciada en las declaraciones de Secretario de Estado, quien afirmó que fue precisamente la DGT la que manifestó a Fomento que «tendría que ser una medida que tuviese carácter obligatorio para que surtiera algún efecto».Desde el sector del transporte se ha insistido en el rechazo a que la medida sea obligatoria, por lo que avanzan que cuando presenten sus propuestas a Fomento sobre el texto del proyecto, harán hincapié en este punto.No obstante, también han señalado dos puntos básicos en caso de que finalmente el plan salga a delante. En primer lugar, que ese descuento, que oscilará entre el 50 y 35% dependiendo de cada caso, sea de «carácter permanente en el tiempo y no algo temporal». Y como segundo punto, recalcaron que «hay que regular muy bien cómo se puede entrar o salir de esas autopistas de peajes», para las cargas y descargas en los puntos intermedios de un trayecto.Esta es una cuestión de especial importancia en el caso del tramo de la N-I ya que, según las cifras oficiales, cada día cerca de un millar de camiones la utilizan para transporte interno y sólo existen dos peajes por donde entrar y salir de la autopista, Pancorbo y Briviesca.Incluso la supervivencia de los establecimientos hosteleros está en juego con este apartado, pues tras las obras de mejora realizadas, un cambio de sentido precisa de recorridos de diez kilómetros por la carretera convencional si un camionero decide comer o repostar fuera del área de descanso de la AP-1.Oposición desde el PSOEEn el plano político este plan también tiene una importante oposición desde el PSOE que ve en ella una forma de subvencionar las pérdidas de las autopistas en quiebra.Según el portavoz socialista en la Comisión de Fomento, Juan Luis Gordo, para que una medida como ésta fuera eficaz debería aplicarse a la totalidad de los lugares donde se cumplen idénticas circunstancias y no solamente a los 16 tramos previstos.Asimismo, Gordo cuantificó en «más de 110 millones de euros el coste asociado a la subvención del Estado» a las concesionarias de aplicarse con carácter general muy lejos de los 5 millones del presupuesto de 2015 para el programa.También el anuncio de inicio de aplicación del plan, segundo trimestre del año, levanta suspicacias en el portavoz socialista que lo tilda de «medida con claro tiente electoralista», habida cuenta del calendario de comicios electorales para este año. Finalmente critica que la ministra de Fomento, Ana Pastor, no haya comparecido ante el Congreso de los Diputados para explicar el plan.