La burocracia ralentiza las obras sobre edificios en ruinas

El desplome de parte de la fachada del número uno de la Plaza Mayor de Briviesca tras autorizarse su demolición una vez iniciada la construcción del nuevo edificio ha vuelto a poner de actualidad la situación del casco histórico de la ciudad. Actualmente 87 elementos arquitectónicos se incluyen en el catálogo de protección, cuya jurisdicción administrativa recae sobre la Junta de Castilla y León al encuadrarse en las categorías de integral, estructural o ambiental.Estas diferenciaciones, establecidas según su ubicación e historia. cuentan con 16 inmuebles considerados Bien de Interés Cultural (BIC), entre los que se encuentran el convento de Santa Clara y la ex Colegiata de Santa María la Mayor. En este sentido, cabe recordar el gran valor del convento de las clarisas y el jardín como parte de la antigua fortificación de la localidad.No obstante, la mayoría de BIC son corresponden a los escudos heráldicos que abundan en el casco histórico, ya sea en edificios antiguos o en construcciones más recientes al recolocarse tras las obras. Precisamente, esta abundancia de escudos ha supuesto hasta el momento uno de los principales quebraderos de cabeza a la hora de substituir antiguos inmuebles por otros de nueva construcción.El más sonado fue el que enfrentó al Gobierno regional y al Estatal durante la construcción del edificio del nuevo juzgado de Briviesca y en el que se vieron involucrados dos ministerios, lo que provocó el retraso de las obras.Lógicamente, esta situación dentro de las administraciones supuso un ingente intercambio de documentación que provocó que el proyecto se pospusiese, lo que para una entidad privada supone un importante contratiempo.Actualmente, el ‘símbolo’ de este problema se sitúa en la calle Mayor de la ciudad con una fachada apuntalada desde hace más de una década que, con el paso del tiempo, ha quedado rodeada de solares al demolerse los edificios colindantes.Irónicamente, el elemento a proteger -el escudo nobiliario- perdió hace unos meses el yelmo que lo corona al caer a la calle a causa de los daños de los elementos, puesto que permanece al descubierto sin la cubierta demolida desde hace años.Tras la presencia de escudos nobiliarios, otro de los problemas administrativos para poder actuar en los edificios del casco antiguo es la denominada ‘protección estructural’, que impide actuaciones preventivas por parte del Consistorio e incluso el derribo por parte de los propietarios.La competencia municipal solo permite retirar los elementos de las fachadas más peligrosos y acordonar la zona para evitar daños personales. Por ello, toca esperar a que -literalmente- se vengan abajo por la inviabilidad de cumplir la normativa, que también impide su demolición preventiva.Más complicado lo tienen aún los propietarios que están obligados por la estricta legislación conservacionista de la Junta a rehabilitar con unas condiciones inasumibles. Concretamente, para poder actuar, deben presentar un proyecto de rehabilitación que no altere ni tan siquiera el tamaño y ubicación de las puertas y ventanas de la fachada tal y como fueron construidas en el siglo XIX.El resultado final es que a día de hoy existen aproximadamente 40 solares en el casco histórico donde los únicos trabajos realizados recientemente han sido de segado, tala y poda de la vegetación que los cubre.