La Junta intensifica el control de la actividad agraria para cobrar ayudas

La Junta de Castilla y León estrechará todavía más el cerco sobre los propietarios de terrenos agrícolas que perciben ayudas europeas pese a no trabajar en el campo. Lo volvió a poner ayer de manifiesto el director general de Política Agraria Comunitaria (PAC) del Gobierno regional, Juan Pedro Medina, en el Aula Agraria de Caja Rural de Burgos, donde realizó un «balance» de las medidas adoptadas en 2015, el «año de referencia».Con «pocas novedades», aunque no exentas de interés, Medina destacó que la «más importante» es la obligatoriedad de que a partir de esta campaña «de continuidad» el 25% de las declaración deberán acreditarse con medios gráficos. Una normativa que en 2018 se hará extensiva a todos los solicitantes.Aparte de declarar el NIF -antes bastaba con presentar el régimen de tenencia-, los cambios introducidos en la nueva PAC han permitido establecer un férreo control sobre lo que las organizaciones profesionales agrarias (Opas) consideran falsos beneficiarios. Pese a ello, «en 2016 tendremos que seguir comprobando el concepto de agricultor activo y de actividad agraria, ambos unidos», ya que «hay que justificar ingresos de ventas y tener actividad agraria».Las comprobaciones ya dieron sus frutos el año pasado. En concreto, «570 agricultores no han sido capaces de justificar esa actividad», apuntó este gurú autonómico de la PAC antes de lanzar un aviso a navegantes: se prestará especial atención a los pastos, pues «no valen para todos, valen para los que tengan ganado».Respecto a la defensa del Agricultor a Título Principal (ATP) que las Opas siempre reclaman, Medina declaró que «estamos avanzando hacia un modelo profesional». En este sentido, reconoció que la «postura» de la Comunidad «en la defensa del modelo de España» coincidía en su intención de que los solicitantes acrediten que al menos el 50% de sus ingresos dependan de la producción. Sin embargo, cuando se debatió este asunto en Madrid, «el resto de las comunidades autónomas no estaban de acuerdo», por lo que se alcanzó -vía «consenso»- el 20% definitivo.Aún con todo, «no tengo ninguna duda de que vamos a seguir avanzando en esa línea», apostilló con la intención de orientar las sucesivas políticas de ayudas comunitarias hacia un modelo «en el que va a primar la actividad agraria».