La Plataforma estudia llevar a la Fiscalía la última sentencia del coso

Tres días después de conocer la última sentencia judicial en la que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anula la licencia de obras otorgada en la plaza de toros en 2011, con un auto en el que se pone en duda de una forma abierta las actuaciones llevadas a cabo por el equipo de gobierno que entonces dirigía la todavía alcaldesa, Raquel González, la Plataforma Ciudadana por la Plaza de Toros estudia ya la posibilidad de acudir a la Fiscalía para que se investigue un posible caso de prevaricación. «Aunque no hace mención expresa sí da pie», justifica en este periódico el abogado del colectivo, Julián Mateos.En su opinión, la sentencia debería influir en los dos recursos que la Plataforma interpuso contra la caducidad de la licencia y contra la declaración de uso excepcional de suelo rústico que se dio para dar vía libre al aparcamiento y a la licencia definitiva concedida en 2014 por la alcaldesa y los concejales Alfonso Sanz, Azucena Esteban y María Ángeles Marín. «Ambos procesos están en tramitación», señalaba.En el caso de que el colectivo acuda a la Fiscalía, lo más probable es que adjunten también los expedientes sancionadores que el Ayuntamiento sigue sin retomar. «Presentamos un requerimiento pero como siempre, el Ayuntamiento no ha contestado», reprocha. Y eso que hay prisa porque si nos ajustamos al plazo que baraja el Consistorio (de empezar a contar cuando terminaron las obras), ya ha pasado el primer año de los cuatro que hay antes de que prescriba. En juego están 2.400.000 euros.UPyDLas reacciones a la sentencia se extienden al ámbito político. «Da pie a que exista una nueva demanda por prevaricación», coincide el portavoz de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Francisco Javier Ávila, preocupado porque aunque en la sentencia no se hace referencia a las obras que basaron la licencia de apertura en 2014, sí menciona factores que pueden resultar determinantes en el juicio que analiza la legalidad de la licencia definitiva, como la declaración excepcional de suelo rústico o las plazas de aparcamiento. «La sentencia deja bien claro que la actuación del equipo de gobierno ha sido totalmente nefasta», subraya Ávila a sabiendas de que las costas que deberá pagar el Consistorio «serán importantes». «Desde nuestro punto de vista lo deberían pagar las personas responsables», asegura.Alude así a los concejales que el 19 de agosto de 2011 otorgaron la licencia de obras para la ejecución del proyecto modificado, sin haber pedido el informe jurídico obligado y reclamado por el secretario y por Intervención. Se refiere a Raquel González, Emilio Berzosa, Máximo López, Azucena Esteban, Javier Rojas y Ángel Calvo (estos dos últimos ya no están en el actual equipo de gobierno).«Que lo paguen ellos», insiste Ávila descartando eso sí interponer una denuncia; no por falta de ganas pero sí por falta de dinero. «Personarse en un caso así supone un gasto jurídico importante para el que no tenemos capacidad».Este periódico intentó sin éxito ponerse en contacto telefónico con la alcaldesa, Raquel González. «No es el momento», aseguró en el acto que celebró ayer Calidad Pascual al que González acudió.