Villangómez estrena el programa ‘Rehabitare’ de la Junta en la provincia

El delegado territorial, Baudilio Fernández-Mardomingo, visitó en la mañana de ayer las obras que se están realizando en la antigua vivienda del médico en la localidad de Villangómez, y que darán forma a una vivienda con espacios en dos plantas destinada a familias con problemas de inserción que deberán pagar un alquiler social todavía sin concretar.Con una inversión de 53.227 euros, los trabajos se iniciaron el pasado mes de septiembre y tienen prevista su finalización a lo largo del próximo mes de enero . «Nosotros pondremos a disposición de la familia la dotación, que en su planta baja tendrá un salón y un baño», explicaba el alcalde de la localidad, Juan Carlos Peña, «ya que la otra mitad -separada de la vivienda-, seguirá ocupándola el actual centro médico». Ya en la planta superior, contarán con cuatro habitaciones y un segundo baño, detalla Peña.Arreglos a los que se han sumado también la sustitución del viejo sistema eléctrico, la reparación del tejado y la instalación de una nueva calefacción, añadió Peña, quien se mostraba así satisfecho de la recuperación del edificio.EN CINCO LOCALIDADESEl edil recuerda que el proyecto se inició meses atrás con la firma del pertinente convenio entre la Junta y los cinco responsables municipales, por el que los ayuntamientos cedieron cinco espacios municipales. «En nuestro caso, le propusimos a la Junta varias empresas entre las que optar por una para realizar estos trabajos, siendo el gobierno regional en que adjudica y financia la obra», explica el edil de la localidad burgalesa.Así, la vivienda de Villangómez es la primera vivienda rural para alquiler social que la Junta realiza dentro del programa ‘Rehabitare’ en la provincia de Burgos, la primera de las cinco las previstas a la que seguirán las cuatro restantes en las localidades burgalesas de Canicosa de la Sierra, Peñaranda de Duero, Santo Domingo de Silos y Villadiego.La Consejería, en virtud de los convenios suscritos, se compromete a costear los proyectos, estudios de seguridad y salud y la contratación de las obras. Mientras que los ayuntamientos recibirán la solicitudes de las familias -con las que se acordará un alquile social-, las cuales se valorarán según las pautas marcadas por la Junta. Se dará prioridad a familias numerosas, personas dependientes o con discapacidad, mayores de 65 años, menores de 35 años, además de víctimas de violencia de género y terrorismo, unidades familiares en riesgo de exclusión social o deudores hipotecarios.