El Correo de Burgos

AMAC culpa al Gobierno de la situación generada en Garoña

«El cierre es una decisión política pues había visto bueno técnico» Ya ha pedido reuniones con todas las administraciones «ya que todos son corresponsables»

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M. M
Burgos

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La Asociación de Municipios de Áreas Nucleares (AMAC) lo tiene bien claro: El máximo responsables de la incertidumbre que rodea a la central de Garoña tras anunciarse su futuro cierre «es el Gobierno central, y es al primero al que exigiremos involucrarse en la elaboración de un futuro plan de desarrollo en la zona real y viable».Declaración de intenciones anunciada ayer por el gerente de AMAC, Mariano Vila, quien aseguró que la asociación ha comenzado ya a trabajar por evitar el abandono de la zona y sus gentes. «No queremos que suceda como con la central de Zorita, cuyo proceso se inició en 2010 hallándose hoy en sus últimos pasos, y la zona ha sido sólo protagonista de bonitas palabras y nulas intervenciones de recuperación empresarial».De ahí que uno de esos primeros ‘deberes autoimpuestos’ haya sido ya la petición de reuniones con responsables de todas las administraciones, así como los posteriores encuentros que prevén mantener con agrupaciones sindicales, empresariales o portavoces de grupos políticos. «En el proceso de elaboración de dicho plan de desarrollo no excluiremos al resto de agentes sociales pues son todos corresponsables del futuro de Garoña, ya que su negativa a la reapertura, su apoyo al cierre, su dejadez o ambigüedad han dado lugar a que la central tenga como único destino el cierre».Vila avanzó ayer esta intención de AMAC «de no quedarse quietos» a los representantes de los catorce municipios pertenecientes a la AMAC en el entorno de Garoña, quienes participaron en la reunión mantenida en el Consistorio de Valle de Tobalina, también ‘vecino’ de la central burgalesa.Encuentro en el que el gerente de la asociación reprochó al Gobierno Central haber tomado ´olo la decisión del cierre, anunciada el martes por el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal. «Se trata de una decisión política, pues su continuidad contaba con el visto bueno técnico emitido por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y lo han obviado por motivos políticos», reiteró.De ahí que la Secretaría de Estado y el Ministerio de Energía sean los primeros con los que quieren encontrarse, al que seguirán el resto de administraciones. Y es que tienen claro que «una parte esencial de dicho plan de desarrollo es que todas ellas hagan su trabajo, y desde sus competencias aseguren que irá acompañado de eficientes carreteras, instalaciones de fibra y ayudas a emprendedores».Asegura que desde AMAC ya tienen avanzada una parte de su labor como es «el trazado de un esquema básico que concrete qué sectores y en qué forma puede hacerse realidad y viable esa futura actividad empresarial que sustituya a la que es hoy, uno de los grandes soportes de los municipios, como es la central», afirma Vila.Esquema básico nacido de los continuos contactos y reuniones que AMAC mantiene con los diferentes municipios, y de quien se ha extraído la información vital en que basar las futuras actividades. Y en el que, como añade, hay cabida para iniciativas turísticas, de formación, culturales, patrimoniales o agroalimentarias entre otras muchas vías, «ya que evidentemente, los municipios y sus alcaldes son quienes mejor conocen qué riqueza tienen en sus zonas».Nuclenor, un vecino másConsulta a los lugareños que, al igual que Vila, la alcaldesa anfitriona de Valle de Tobalina, Raquel González, considera imprescindible. «Está claro que en el futuro plan tenemos que ir todos de la mano y no sólo mirar hacia el turismo sino hacia otras muchas cosas que pueden dar lugar a iniciativas empresariales en la comarca».Confiesa que su ayuntamiento es uno de los grandes afectados por el proceso en que se halla inmersa la central y todo lo que la rodea, al suponer los ingresos abonados por la central un montante que supone casi el 50% de su presupuesto anual, que este año ronda los 3 millones de euros. Circunstancia que si bien la alcaldesa destaca como un beneficio, «ha venido aparejada con desventajas, ya que contar con un vecino tan ‘peculiar’ como es una central nuclear trae consigo cosas buenas pero también malas que yo me encontré al acceder a la Alcaldía», explica.Pone como ejemplo la negativa de algunas empresas a instalarse en la zona al haber en su entorno una nuclear, así como contar entre sus convecinos con voces a favor y otras en contra, «o estar en boca de todos por decisiones que llegan de Madrid y que, como en esta ocasión, nos ha pillado a todos de sorpresa», reconoce. «Si bien para nosotros Nuclenor es un vecino más, que paga impuestos por la actividad empresarial que realiza como cualquier otro vecino o empresario más ubicado en el municipio, otros tienen otra opinión, y debes intentar lidiar con todo».César Rico: «Mejor ir paso a paso»Por su parte, el presidente de la Diputación de Burgos, César Rico, advirtió ayer de que a medio plazo los ayuntamientos que forman parte del Plan de Emergencia Nuclear Exterior de la central de Santa María de Garoña (Valle de Tobalina, Burgos), Penbu, dejarán de recibir dinero del Gobierno central por su cercanía a la nuclear, tras la decisión del cierre de la planta. Por ello, consideró que «hay que ir paso a paso y no dar ya por amortizadas las cosas». «Hoy cerramos, y mañana no tenemos 2.000 millones de inversiones en la zona, por lo que hay que ir poco a poco» insistió. Animó a ver primero «cómo se desarrolla todo el proceso de desmantelamiento de la zona», manifestó el también presidente del PP de Burgos en declaraciones recogidas por Ical.Recordó que tuvo oportunidad de hablar con un alcalde partidario del desmantelamiento de Garoña, «quien me confesó que asume tranquilamente que va a perder 170.000 euros anuales, así que ¿en qué quedamos? No queremos estar en Garoña pero tampoco perder 170.000 euros porque estamos a favor de que se cierre, ¿y ahora el dinero quién lo pone?».

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