IU exige que la Junta se ocupe de las telecomunicaciones

Izquierda Unida (IU) llevará al seno del Parlamento Europeo varias preguntas con respecto a la actual normativa sobre telecomunicaciones en el mundo rural, «ya que las pautas actuales ha quedado claro que son muy lesivas para el consumidor», detallaba ayer el coordinador de IU en Burgos, Jorge García. Así como varias propuestas al Congreso de los Diputados «para que el sector se incluya entre las excepciones que ya existen respecto a qué cuestiones pueden regularse fuera de la ley de libre competencia», añade.Además de proponer a éste último que se incluya la obligación de la Administración Pública de asegurar dicho servicio de forma subsidiaria cuando las entidades privadas no lo hagan. «Como sucede ahora en zonas de la provincia de Burgos y de la región, donde hay áreas en las que ninguna empresa tiene interés en estar, con lo que dicha actuación pública no sería competencia para éstas».García explicó que dichas medidas serán la línea de actuación a seguir desde la agrupación, ante «el sinsentido» que para IU supone el contenido de la respuesta que el Gobierno regional acaba de dar por escrito a las preguntas que le trasladaron en junio. Todo ello tras anunciar Iberbanda que abandonaba el acuerdo con la Junta, dejando sin servicio a 600 pueblos.Por qué no planteó la Junta ninguna solución ante este anuncio de lberbanda de rescindir el contrato, la decisión de abandonar el sistema Wimax que usaba Iberbanda con buen resultado en el mundo rural -en lugar de hacer un esfuerzo desde el sector público para mantenerlo-, o por qué se dieron ayudas regionales para costear el sistema de satélite en lugar de optar por el wifi fueron algunas de las cuestiones que IU realizó.«Y en su respuesta no hace más que tirar balones fuera», reprocha, al limitarse a recordar que aunque las telecomunicaciones son un servicio de interés general, también argumenta que su cobertura se basa en la libre competencia».Afirmación que remarca en su escrito de respuesta el Gobierno regional, «por lo que la Junta no se puede involucrar cuando la empresa decide cesar su servicio, ni obligarla a establecer un medio de conexión alternativo», alega.Argumento que, a parecer de García, sólo ratifica «el juego entre amiguetes» que ha sido siempre esta cuestión, «en la que el único perjudicado es de nuevo el mundo rural, donde los usuarios han visto que ese servicio ha pasado de costar unos 42 euros con Iberbanda a una media de 75».Recuerda que en 2005, Junta e Iberbanda llegaron a un acuerdo «sin que hubiera nada más allá que la oferta emitida por Iberbanda de invertir 78 millones de euros -de los que la Junta aportó 13’5-, para la puesta en marcha de su sistema de acceso a la banda ancha». Servicio que se mantendría durante 5 años, lo que hizo que al acabar dicho plazo, en 2013, Iberbanda anunciara su intención de rescindir el contrato, «ofertando un servicio de Telefónica similar pero más caro».«Una trampa, ya que lo deja en manos de Movistar -compañia vinculada a Telefónica la cual a su vez ya era dueña del 51% de Iberbanda en 2005-, volviendo todo a las mismas manos, mientras al usuario se les encarece un servicio que es vital y debería cubrirlo la Administración Pública», reprocha.Por ello insiste en que pelearán «para que se incluya en la ley la obligación de la administración pública de hacerse cargo de ello».