La familia de la menor solicita que su tratamiento psicológico se realice en Aranda

En la misma mañana en la que el concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Aranda, Máximo López Vilaboa, enviaba un nuevo mensaje de apoyo a la familia de la menor que acusó a tres ex jugadores de La Arandina por un presunto delito de agresión sexual, el padre de la adolescente acudió al Centro deAcción Social (CEAS) para solicitar que el tratamiento psicológico que está recibiendo la familia más directa en Burgos pueda darse en Aranda de Duero. Lo confirmaba a este periódico el abogado de la acusación particular, Fernando García Puertas, consciente del quebranto que para ellos supone tener que desplazarse 160 kilómetros cada vez que van. «Es algo lógico», señalaba al recordar que la menor compagina este servicio con el gabinete psicológico madrileño donde lleva tratándose desde el pasado mes de abril, cuando empezó a acudir por problemas con los estudios.Esta petición se produce tres días después de que los padres denunciasen públicamente, en varios medios, la situación de soledad que viven y el abandono de unas administraciones que les han dejado tirados «como a una colilla».La noticia sorprendió en los Servicios Sociales de Burgos, donde la familia está recibiendo tratamiento psicológico desde hace varios meses. Según explicó la gerente, María Antonia Paniego, la decisión de que fuesen tratados por un equipo de Burgos se debe a que en el momento en el que salió a la luz el caso no había en Aranda de Duero ningún profesional disponible adscrito a este programa regional. En su opinión, en principio no es aconsejable cambiar, pero siempre se puede valorar si existe un perjuicio. «Se decidió así por la inmediatez que precisaba», puntualizó.Tras conocer el malestar de la familia, la gerente urgió ayer a su equipo a ponerse en contacto de nuevo con ellos para ver si hay algún problema relacionado con el servicio. Según detalló a este periódico, la Consejería de Familia de la Junta de Castilla y León se puso en contacto con el juzgado de Aranda cuando salió la noticia de la detención de los jugadores y fue la familia la que una vez informada por el juzgado se puso en contacto. «Les ofrecimos un servicio de asesoramiento jurídico gratuito, que declinaron porque tenían uno privado y un servicio de apoyo a la víctima y familia que aceptaron».También hubo reacción en el Ayuntamiento de Aranda. «Les vamos a ayudar en lo que nos pidan», aseguró López Vilaboa mientras dejaba claro que los servicios que no tenga a disposición el Ayuntamiento serán complementados con la Junta. El hecho de que la Concejalía no se haya puesto en contacto con la familia responde, según su versión, a un respeto a la privacidad de una menor de edad. Bajo esta perspectiva, el Consistorio optó por enviar un comunicado el 14 de diciembre, un día después de la detención. «Nosotros no podemos husmear en una cuestión tan delicada», justificaba sin saber aún quien es la adolescente.El concejal recordó el comunicado en el que se condenaba la supuesta agresión y se ponía a disposición de la familia de la víctima «todos los recursos de carácter social y jurídico que resulten necesarios». En una declaración institucional hecha pública tras la celebración de una junta de portavoces, el Ayuntamiento mostraba su más absoluto rechazo hacia todo tipo de violencia contra las mujeres, con especial repulsa y desprecio hacia la que pudiera producirse contra menores. «El ofrecimiento se mantiene», garantizó el edil.