Vuelven a pedir a la Diputación que ayude al cambio de tuberías

El Procurador del Común ha reiterado «la sugerencia» que ya hizo a la Diputación en abril de 2017, de que elabore planes de apoyo a las entidades locales específicos para la sustitución de tuberías de abastecimiento de agua de consumo, fabricadas en fibrocemento, y que a pesar de su peligrosidad aún existen en gran parte del trazado de tuberías provincial. Todo ello tras comprobar que «pese a tal aceptación, esta administración no ha implementado ninguna medida de apoyo para esta sustitución, ni previsto planes específicos para los minicipios», reprocha a la Institución burgalesa, «la cual tiene conocimiento de los datos relativos a dicha red de abastecimiento de agua de la provincia», remarcan desde la Procuraduría en el escrito remitido a la Diputación a finales de octubre, e interpretando que «la voluntad manifestada por esta administración no puede considerarse más que una mera declaración de intenciones». Datos extraídos, recuerdan, de la encuesta que la propia Institución provincial realizó hace más de un año entre los municipios, sobre las cuestiones prioritarias para las que reclamaban ayudas instituciones y las cuestiones de más urgencia en sus respectivos municipios. Cuestionario en el que los problemas con el sistema de abastecimiento de agua aparecían entre los primeros puestos de preocupaciones para los alcaldes y concejales. Asimismo, el Procurador del Común detalla en el contenido haberse consultado el propio boletín ‘Siete comarcas’ que edita el área de Medio Ambiente de la Diputación, «en el que vemos que en 2015 se aprobaron dos convocatorias de subvención relacionadas con el ciclo del aguas consideradas entonces ‘prioritarias’», Subvenciones que como añade, fueron insuficientes a tenor del alto número de kilómetros de dicha red de tuberías que siguen sin cambiarse, y que de todas formas la Diputación decidió eliminar e incluir en el montante total del presupuesto dedicado a los planes provinciales. Medida que desde la Diputación, el presidente provincial César Rico, basó en el deseo de «no intervenir en el derecho de autonomía municipal, por lo que se decidió reunir todo el montante de ayudas en el cómputo global de planes provinciales siendo así cada ayuntamiento el que decidiera en qué gastar el dinero que se les da con éstos». Cifró en 81 los ayuntamientos que optaron por destinar ese dinero a la mejora de sus redes de abastecimiento en 2017, «lo que supuso una aportación provincial de 1,3M», siendo 61 los que así lo habían elegido hasta mediados de verano, momento en que ofrecía estas cifras. Sin embargo, el Procurador insiste en su escrito en la necesidad de crear estos planes especificos con el fin de subsanar un problema «de salud pública», en los que detallar con claridad los objetivos a lograr a corto y medio plazo», aconseja. Evitar desconfianza Medida «que evitará desconfianzas entre los ciudadanos que observan cómo en determinadas localidades se ha retirado ya este material de la totalidad de las redes, mientras en otras permanece y sin planes para su erradicación», detalla. Además de considerar que «la falta de adopción de estas medidas específicas dirigidas al cumplimiento de nuestra anterior resolución, son situaciones que causan un daño evidente a dicha administración, y provocan una falta de confianza en ella así como en los políticios, los funcionarios y la propia administración».