Diputación invertirá 40M€ en cinco años en la red de carreteras provincial

El de 2024 no será un presupuesto más para la Diputación. Más allá de lo histórico del montante que alcanza, 169,5 millones de euros, el documento presentado ayer por el presidente de la Institución Provincial, Borja Suárez, es «realmente importante» porque va a sentar las bases de los de todo el mandato, esbozando ya las apuestas políticas de las que el actual equipo de Gobierno quiere hacer bandera.

Así lo detallaba su responsable, tras incidir en que hace apenas cuatro ejercicios la cuantía total rondaba los 116 millones, lejos de la proyectada en la actualidad, en la que en detalle confluyen los 158.948.000 de la propia Diputación, 5.885.000 de Sodebur y 4.669.300 del Instituto de Deporte y Juventud. La suma supone un aumento del 9,1% respecto al año en curso.

Y de entre alza generalizada el capítulo sexto, relativo a las inversiones reales contempladas, es, con mucho, el que mayor subida experimenta, superior al 62%, hasta los 19,6 millones. De ello presumió Suárez, para explicar que, en gran medida, este incremento responde a un ambicioso plan de renovación y mantenimiento de la red provincial de carreteras, con el objetivo de mejorarla al completo en los próximos cinco años.

En concreto, el presupuesto de 2024 destinará una partida de más de 9 millones a tal fin. Seguirán otras de cerca de 8 millones en los sucesivos ejercicios hasta alcanzar los 40 millones en un lustro, incluyendo el primer año del próximo mandato.

El presidente de la Diputación mantuvo de hecho ayer mismo una reunión con la Consejería de Movilidad para trasladar los pormenores de este plan. «Entendemos que tiene que ir ligado a la propia estrategia autonómica y nacional, por lo que lo haremos además extensible al Gobierno de España», explicó Suárez, convencido de la importancia de que los más de 5.000 kilómetros de vías de Burgos «sean seguras y de calidad». «Asumimos que teníamos que ser los primeros en realizar un esfuerzo en este sentido, de ahí las inversiones previstas», añadió, para recordar que hasta ahora la cuantía para mantenimiento rondaba los 3 millones al año.

Según apuntó Suárez, la pretensión es actuar tanto en el firme como en las infraestructuras. Recordó que están a punto de finalizar las obras en tres puentes nuevos, los de Tordómar, Quintanar de la Sierra y la zona de Juarros, «y posiblemente tengamos que abordar un cuarto». También se renovará la señalética, por su influencia en la seguridad y, en particular, con el objetivo de convertir la red provincial en un espacio amigo de los cicloturistas. Explicó también el presidente de la Diputación que los trabajos empezarán en la zona norte para homogeneizar sus vías con las del sur, tras recientes tratamientos efectuados en estas. En definitiva, Suárez consideraba que «el objetivo último es que los pueblos sean más accesibles» y mejore el nexo entre residentes y servicios.

No es en todo caso la única política destinada a «hacer converger a la provincia a un desarrollo homogéneo» que cuenta con un apoyo destacado en el futuro presupuesto. Se suman a ella las obras de mejora del ciclo integral del agua y las iniciativas vinculadas a la recuperación de todo tipo de patrimonio: mueble, monumental, ambiental, cultural, inmaterial. «Los ayuntamientos reivindican inversiones en este ámbito por ser una herramienta que permite generar nuevas oportunidades y fijar población», lo que, a juicio de Suárez, se revela la meta fundamental «y transversal» de las cuentas públicas de la institución: «Todo lo que hacemos en la Diputación responde a la misma estrategia de lucha contra la despoblación».

La previsión es solicitar créditos bancarios para financiar buena parte del alza de las inversiones desglosado y el auge previsto en determinadas partidas de gasto, en particular de las operaciones corrientes, que suponen el 60% del total. Se estima que este capítulo subirá más de un 6% a causa de la inflación y la repercusión que esta tiene en la actividad de las residencias y centros asistenciales.

El incremento de la deuda que supondrán estos préstamos preocupa poco a Suárez, pues la actual, en torno al 28%, «es contenida, sobre todo si la comparamos con la de otras administraciones», por lo que sería perfectamente asumible, según el presidente. Al respecto, avanzó que los cálculos apuntan a una subida de la misma hasta el 40% al término del mandato. Las cuentas también auguran más ingresos derivados de los impuestos que se perciben de otras administraciones a causa, de nuevo, de la inflación ya que al encarecerse los precios la recaudación aumenta.

De cumplirse las previsiones «implicará que habremos podido asumir todas las inversiones previstas al tiempo que mantenemos las cuentas de la institución saneadas».

Y todo ello sin desatender el gran desembolso que supone la red de asistencia social -residencias, CEAS, ayuda a domicilio, teleasistencia...- que sostiene la Diputación, con una partida que supera los 40 millones anuales, con menor apoyo del que le gustaría por parte de la Junta de Castilla y León. «Estamos infrafinanciados porque tenemos una red poderosa que nos obliga a hacer un esfuerzo importante, pero también porque queremos que así sea pues doblamos el ratio de personal en nuestros centros y tenemos uno de los mejores convenios», afirmó Borja Suárez para reconocer que exigirá más apoyo de la Administración regional para mitigar el déficit cercano a 18 millones que existe en este ámbito concreto.

Sobre las enmiendas presentadas por los grupos políticos de la oposición, PSOE -por importe de 1,3 millones- y Vox, el diputado responsable de Hacienda, Jorge Castro, anunció que se estimarán de forma parcial tres de las cuatro presentadas por los socialistas y también las formuladas por la formación verde para carriles bici. «Nuestra voluntad es sumar los máximos apoyos para que estas sean de todos», precisó. Al respecto, detallaba que se aumentará en 300.000 euros la partida para planes de empleo y también se elevarán la cultural, con 200.000 euros más y la del proyecto de dinamización de los orígenes del castellano (47.000 euros). «Entendemos que estas modificaciones evitarán el voto en contra. Lo que buscamos es el mayor consenso posible», apostilló Castro.