Los agricultores burgaleses pierden 136 millones por los bajos precios de cereal

Si la campaña cerealística no hubiese sido relativamente buena en Burgos, con 1,7 millones de toneladas recogidas, el sector agrario se encontraría ahora mismo a los pies de los caballos. Así lo han puesto de manifiesto este miércoles los líderes provinciales de Asaja, UPA y COAG al establecer una comparativa, en lo que a inflación se refiere, tomando como referencia el antes y después de la guerra en Ucrania. 

La caída de los precios y el encarecimiento de los inputs ha provocado, según denunciaba el presidente de Asaja Burgos, Esteban Martínez, que la superficie destinada al cultivo de cereal en Castilla y León haya pasado de 2 a 1,6 millones de hectáreas. De acuerdo a las estimaciones que maneja su organización, los agricultores han perdido este año, de media, unos 80 euros por hectárea. Así pues, han dejado de ingresar 136 millones a lo largo de la última campaña. 

Con los costes de producción disparados (unos 300 euros por hectárea) y el trigo a «poco más de 200 euros» cuando antes de la guerra se pagaba a 360, Martínez ha advertido que «el problema es grave». Por esto, las delegaciones provinciales de estas tres organizaciones profesionales agrarias (Opas) respaldarán la concentración prevista este viernes 29 de noviembre en Arévalo (Ávila) frente a dos industrias que «compran cereal de Ucrania y perjudican a las explotaciones de Castilla y León».

«No es de recibo vender tres sacos de trigo para comprar uno de fertilizante», lamentaba el presidente provincial de Asaja tras señalar al ministro de Agricultura, Luis Planas, como «causante de muchos problemas». Según ha criticado, continúa «convencido de que las importaciones sin ningún tipo de arancel son buenas y necesarias». Las Opas, por contra, abogan por «compensar las pérdidas de los agricultores» y evitar la entrada de productos procedentes de terceros países con normativas de trazabilidad mucho más laxas cuando no inexistentes. 

«Los políticos están demostrando una ceguera muy grande», señalaba, con su habitual talante reivindicativo, el secretario general de UPA en Burgos, Gabriel Delgado. Consciente de que «las explotaciones familiares se están yendo a la ruina» pese a ser el «sustento de la provincia», ha cargado duramente contra la «palabrería» que emerge desde las administraciones y que carece de «hechos». 

Delgado no oculta su preocupación, al igual que el resto de ganaderos, por lo que puede deparar la venta de lechazos en Navidad. El sector ya percibe movimientos para traer género de fuera y «reventar nuestros precios». Una práctica por desgracia habitual en los últimos años pese a las reiteradas advertencias de los sindicatos agrarios para que las administraciones tomen cartas en el asunto. Por ello, no ha dudado en lanzar un «llamamiento» tanto a los productores como a los consumidores mientras remarcaba que «la sociedad tiene que exigir productos de calidad a un precio asequible». 

Los dardos del secretario provincial de UPA también se han dirigido a la Junta de Castilla y León y su marca Tierra de Sabor, que «la pintan divina pero luego la realidad es otra». El problema, esgrimía, reside en que se promociona lo local mientras «se está trayendo producto de fuera» sin necesidad de cumplir los mismos requisitos que la ganadería autóctona. 

En el plano internacional, el coordinador provincial de COAG, Diego Saldaña, advertía de las nefastas consecuencias que trae consigo la victoria de Donald Trump en Estados Unidos por los aranceles que pretende imponer a Europa. A este respecto, considera que «no puede ser que el mercado exterior arruine nuestras producciones». 

Sobre el bloqueo de Francia al acuerdo entre la UE y Mercosur, tanto Saldaña como los otros dos líderes sindicales han celebrado la postura adoptada por el país vecino al considerar que «se daría entrada a 99.000 toneladas de carne de Brasil y Argentina» que no han pasado, ni de lejos, los controles sanitarios que deben afrontar los ganaderos españoles. Asimismo, el coordinador de COAG ha subrayado que este pacto afectaría de pleno a seis sectores estratégicos para el campo en la Comunidad: el maíz, los cereales de invierno, la remolacha, el porcino, la carne avícola y la miel.