UCCL exige poner freno a las importaciones de cereal procedente de Ucrania

«¿Somos los agricultores los que tenemos que pagar la guerra de Ucrania?», se preguntaba -irónicamente- este miércoles la presidenta de la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) en Burgos, Susana Pardo, tras visibilizar su malestar ante el progresivo incremento de las importaciones procedentes de dicho país desde que estalló el conflicto. Y lo hacía con datos. Por ejemplo, al señalar que España ha pasado de comprar 2,5 a 10,5 millones de toneladas mientras los precios que perciben los productores nacionales por el trigo y la cebada son los mismos que «hace 30 años». 

«Está bien ayudar a Ucrania, pero no puede ser a costa de la inviabilidad de las producciones del sector», enfatizaba Pardo mientras se mostraba partidaria de poner freno a las importaciones al igual que otros países de la Unión Europea como Polonia o Hungría. En su opinión, «no se puede seguir así». Máxime cuando el pasado mes de marzo ya se habían adquirido cerca de 2 millones de toneladas de cereal ucraniano mientras los agricultores de la Comunidad y del resto del país tienen por delante «un año decente en producción pero horrible en rentabilidad». 

A la caída de los precios del cereal en los últimos años se suma además el aumento de los costes de producción. «¿Cómo se van a quedar los jóvenes en las explotaciones? Si no hay rentabilidad la gente no se quiere quedar», reflexionaba la presidenta de UCCL Burgos mostrándose partidaria de «activar cláusulas de salvaguardia en cuanto se llegue a un tope de importación». Aparte, tampoco le parece de recibo que se imponga aranceles abusivos a los fertilizantes de Rusia y Bielorrusia porque, a fin de cuentas, «el encarecimiento puede llegar a nuestros alimentos». 

Ante este panorama, la Ejecutiva burgalesa respaldará la manifestación convocada este jueves 29 de mayo por UCCL a nivel regional frente a la lonja de Segovia. De esta forma, el sindicato pretende expresar públicamente su malestar por los «precios ruinosos» que allí se fijan. Al mismo tiempo, se reclamará medidas de choque como el establecimiento de «mecanismos de intervención si no se cubren los costes de producción» o la aplicación de «cláusulas espejo» para que los productos de terceros países cumplan los mismos requisitos que los de aquí. 

Si la Unión Europea no atendiese todas estas reivindicaciones, la organización cree que el Gobierno central debería imponer aranceles para proteger al sector. Y para ejercer mayor presión, se ha convocado otra concentración el miércoles 4 de junio, en Valladolid, frente a la Delegación del Gobierno en Castilla y León. Aparte, Unión de Uniones saldrá a la calle el martes 10 de junio para manifestarse frente a la sede de la Comisión Europea en Madrid. 

Críticas a Azucarera

Preguntada sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) anunciado por Azucarera para 251 empleados, el cierre de su planta en La Bañeza y el cese de la molturación en la fábrica de Miranda de Ebro, a la presidenta provincial de UCCL le parece una «vergüenza» que la empresa se limite a defender sus «propios intereses» sin tener en cuenta las consecuencias. 

«Hacen lo que quieren sin pensar en el sector primario», lamentaba Pardo haciendo un llamamiento a la Junta de Castilla y León para que adopte medidas. Sería lo suyo, a su juicio, porque la compañía ha recibido «muchas ayudas» por parte de la Administración regional.

Ahora, vaticina Pardo, muchos remolacheros burgaleses intentarán trabajar con Acor para evitar quedarse en el limbo del mercado libre. El problema, no obstante, reside en que los costes de transporte se encarecerán sobremanera. Visto lo visto, tampoco descarta que se deje de sembrar en la zona dadas las circunstancias.