Los tribunales ordenan demoler el frontón de un pequeño pueblo de Burgos por ser ilegal
La instalación cubierta se levantó en un solar en pleno centro de Fresneda de la Sierra Tirón que la norma no permite destinar a estos usos. El Ayuntamiento solicitaba la recalificación del terreno tras la obra. El Supremo respalda el fallo del TSJ a favor de las denunciantes, que han solicitado ya la ejecución de la sentencia
Vista exterior del frontón que los tribunales han ordenado demoler.
El Ayuntamiento de Fresneda de la Sierra Tirón tendrá que demoler su frontón, por levantarlo de forma ilegal. Así lo determina el Tribunal Supremo, tras ratificar el fallo del Tribunal Superior de Justicia que da la razón a las vecinas del municipio que denunciaban la irregularidad de una obra que se ejecutó en un terreno destinado en exclusiva a espacios libres públicos y no a equipamientos deportivos.
La instalación semiabierta, que consta de dos grandes muros y una cubierta, deberá derribarse de inmediato, tras solicitar las demandantes la ejecución de una sentencia que pone de manifiesto el incumplimiento flagrante de la propia ordenación urbanística municipal.
El conflicto arrancó en 2021, cuando los primeros movimientos en el solar ubicado en pleno centro del pueblo, que hasta ese momento ocupaba una pista deportiva sin estructura alguna, motivaron una consulta que puso de manifiesto la improcedencia del proyecto, pues según las normas en ese punto solo tienen cabida elementos menores, como pequeños kioscos de música o almacenes de aperos con cuatro metros de cornisa como máximo. La advertencia que las vecinas, cuya vivienda se encuentra a escasos metros de este espacio, formularon primero vía telefónica y después personalmente en el propio Ayuntamiento cayó en saco roto y las obras -que hasta ese momento se limitaban a una zanja y un par de pilares- continuaron.
Cursada ya la denuncia en 2022 en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, esta fue desestimada en primera instancia, pese a que un técnico municipal reconoció en sede judicial, tal y como consta en el auto, que conocían la ilegalidad de la obra, pero continuaron con ella tras el aviso inicial porque creyeron que nadie en el pueblo presentaría una objeción legal. No fue así y el recurso al TSJ daba un vuelco a la sentencia inicial, condenando la decisión municipal y anulando la votación del Pleno que avaló la construcción, fallo que recientemente avalaba el Supremo y declaraba firme.
En paralelo, durante este proceso, el Ayuntamiento solicitaba a la Junta de Castilla y León la recalificación del terreno en cuestión, hecho que, en opinión de las denunciantes y también según los tribunales, evidencia de nuevo el conocimiento de los técnicos municipales de la irregularidad actual, pues de lo contrario no intentarían subsanar el error con la clara intención de eludir responsabilidades. La petición no ha obtenido respuesta aún y las vecinas temen que si lo hace ahora paralice un derribo que la justicia considera obligado para restaurar la legalidad. Ante esta posibilidad, su abogada anuncia que de producirse tal modificación la impugnarán.
El frontón, que costó más de 300.000 euros, de los que la Diputación subvencionó una pequeña parte, se utiliza principalmente para desarrollar a cubierto fiestas y actividades recreativas. Las denunciantes insisten, por si hubiera dudas, en que su lucha nada tiene que ver con batallas personales contra personas concretas -de hecho, el alcalde promotor de la obra ya no está en el puesto- y se circunscribe a poner a fin una actuación de la Administración pública que consideran injusta y perjudicial.