La Diputación reescribirá el Plan de Empleo que aplica desde la crisis de 2008
Suárez no descarta la elaboración de un Plan de Servicios destinado a «atender las necesidades de los ayuntamientos y las entidades locales menores»
Borja Suárez e Inmaculada Sierra, durante la celebración de un pleno provincial.
El Plan de Empleo de la Diputación de Burgos, vigente desde la crisis económica de 2008, se someterá a un profunda revisión de cara al próximo ejercicio. Sobre la mesa, dos posibilidades: reformular su contenido introduciendo nuevas variables acordes a la realidad vigente o suprimirlo, llegado el caso, para destinar los recursos consignados a otra serie de necesidades que los municipios demandan.
La propuesta, fruto de un «debate permanente» entre los grupos políticos, fue planteada este viernes por el presidente de la Institución Provincial, Borja Suárez, una vez rechazada la proposición plenaria del PSOE para ampliar el número de trabajadores a cargo del Plan de Empleo en aquellos municipios con mayor cantidad de pedanías. Tras un tenso intercambio de posturas entre la portavoz del Partido Popular, Inmaculada Sierra, y el diputado socialista Alberto Azofra, el equipo de Gobierno ve factible diseñar un nuevo escenario que permita «atender las necesidades de los ayuntamientos y las entidades locales menores».
Precisamente, la Diputación acaba de aprobar su Plan General de Empleo y el de personas con discapacidad de cara a 2026 con un montante global de 2,1 millones de euros. Dentro del primer apartado, con 308 solicitudes para promover 361 contrataciones de obras y servicios en diferentes categorías profesionales, la resolución conlleva una inversión de 1,6 millones. En el segundo, orientado a la inserción laboral con carácter temporal, se admitieron 106 peticiones por un importe de 500.000 euros.
Justo antes de exponer su planteamiento, previamente deslizado por Sierra durante el debate, Suárez señaló que el contexto actual difiere notablemente del de 2008. De ahí que, con el paso del tiempo, se hayan ido introduciendo variables no siempre aceptadas por la Junta de Castilla y León como la de extender el Plan de Empleo a las mancomunidades. No en vano, recordó que se han activado diferentes líneas de ayuda para incentivar sectores clave en el medio rural hostelería, el comercio -especialmente las farmacias- o la actividad ganadera. Así pues, quizá «necesitamos otras cosas en la segunda provincia del país con menor tasa de desempleo». Por ejemplo, un Plan de Servicios.
A la hora de defender la proposición del grupo socialista, Azofra remarcó que 35 municipios de la provincia acaparan el 76% de las entidades locales menores. En algunos casos, como los de Villadiego y Valle de Tobalina, con cerca de una treintena de pedanías a su cargo y Valle de Mena con más de 40. Amparándose además en las demandas de los ayuntamientos, puso de relieve la situación que atraviesa Merindad de Valdivielso, donde «un empleado es completamente insuficiente».
Hecho el diagnóstico, los socialistas abogaban por ampliar la oferta del número de trabajadores de la siguiente forma: un empleado más en municipios que suman entre cinco y diez núcleos de población, dos para los que llegan a un máximo de 20 y tres a mayores para los que sobrepasan los 30. Según indicó Azofra, el montante económico sería «perfectamente asumible» porque «no superaría los 300.000 euros anuales». Para financiarlo, sugirió la posibilidad de aprobar una modificación extrajudicial de crédito o incorporar dicha partida al Plan de Empleo de 2027.
Partidaria de la abstención tras escuchar los alegatos del PSOE, la representante de Sentir Aranda, Belén Esteban, expresó sus dudas respecto al criterio de reparto de trabajadores al considerar que tal vez fuese más efectivo atender a criterios poblacionales. En la misma línea, el portavoz provincial del Vox, Ángel Martín, esgrimiría a continuación que dicho baremo podría resultar «perjudicial» para los municipios con mayor número de habitantes y escaso presupuesto que también demandan recursos.
Sierra, por su parte, subrayó que «la voluntad del Partido Socialista es poner en evidencia al equipo de Gobierno diciendo que no atendemos a las pedanías» mientras hacía hincapié en la necesidad de «dar una vuelta» al Plan de Empleo, en las comisiones pertinentes, partiendo de la base de que «los contratos temporales no fijan población ni consolidan proyectos de vida» en el medio rural.