Nuevas líneas de ayudas para la eficiencia energética de empresas en el medio rural burgalés

Balance y nuevos retos. La Diputación de Burgos seguirá impulsando sus líneas de ayuda para garantizar la sostenibilidad energética en el medio rural extendiendo sus convocatorias al sector privado. De momento, se han habilitado dos programas destinados a financiar cambios de calefacción y el fomento del autoconsumo. El montante, a partes iguales, asciende a 150.000 euros. 

Estas subvenciones, gestionadas a través de la Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de Burgos (Sodebur), se dirigen fundamentalmente a industrias, comercios y sectores estratégicos del medio rural. Con ambas convocatorias ya en marcha, el presidente del organismo, Carlos Gallo, reconocía este miércoles que ya hay una «avalancha de peticiones sobre la mesa». 

El importe máximo por empresa, según precisó Gallo, será de 10.000 euros para financiar un 50% de la inversión contemplada. La idea, en principio, es que estas nuevas líneas coexistan, sin solaparse, con las de las entidades locales menores. En cualquier caso, se podrán presentar solicitudes hasta el 29 de abril. 

«La respuesta del sector público ha sido muy buena», señalaba previamente el presidente de la Institución Provincial, Borja Suárez, tras repasar los principales hitos del programa de sostenibilidad energética impulsado por Sodebur a lo largo de los últimos seis años. Con 2,8 millones de euros en ayudas que han permitido ejecutar actuaciones por valor de 4,8 millones, se ha logrado un «efecto multiplicador» de 1,94 por cada euro subvencionado. 

Desde un punto de vista social, el programa energético de Sodebur ha favorecido el desarrollo de 270 proyectos relacionados con instalaciones renovables, eficiencia en el alumbrado público y envolventes térmicas de edificios. Gracias a ello, ha sido posible generar 49 empleos cuyo impacto ronda los 490.000 euros. Un «dato importante», a juicio de Suárez, que «permite a las empresas consolidarse en la provincia». 

Uno de los principales objetivos que se marcó Sodebur a la hora de activar estas ayudas fue reducir los costes energéticos en los municipios. De acuerdo a las estimaciones que maneja la sociedad, se ha logrado un ahorro anual de 363.558 euros. Teniendo además en cuenta que la vida útil de las instalaciones es de unos 15 años, se prevé un ahorro acumulado de 5,45 millones. Se ha de tener en cuenta, no en vano, la «inflación constante» que podría variar dicho dato. 

En clave medioambiental, otro de los pilares fundamentales del programa, se calcula un ahorro de 2,4 millones de kilovatios y 691.803 kilogramos de emisiones de CO2 anuales. Aparte de ser un «compromiso» de las instituciones tanto en España como en el resto de Europa, Suárez puso de relieve que el valor económico de estas reducciones supera los 830.000 euros. 

A la hora de analizar todos estos datos, los técnicos de Sodebur han llegado a la conclusión de que los ahorros energéticos anuales equivalen, «aproximadamente», al consumo de 692 hogares y de una población de más de 600 habitantes, la retirada de más de 380 vehículos, más de 240.000 litros de gasóleo o la absorción de más de 31.000 árboles. 

«Amenaza real» de que la industria local decrezca

No es la primera vez que aborda este asunto y, seguramente, no será la última. Suárez volvió a reivindicar inversiones en materia energética para Burgos acordes a su elevado peso industrial. Y lo hizo alertando de la «amenaza real» de que el tejido empresarial decrezca.

Partiendo de esta premisa, Suárez subrayó que «de nada sirve producir energía si luego no somos capaces de sacarla». Para ello, esgrimió, resulta necesario invertir en nuevas líneas de evacuación. Reduciendo, eso sí, su horizonte temporal de ejecución, en torno a cinco años, dada la necesidad de «acelerar este tránsito».

Aparte de urgir nuevamente la llegada de infraestructuras a la provincia de Burgos con «conocimiento de causa», el presidente de la Diputación hizo hincapié en que «no se pueden generar diferencias entre territorios». Más allá de poner al País Vasco como ejemplo, reclamó una «política nacional solidaria» que permita cubrir las necesidades energéticas de las industrias de todo el país con independencia de la Comunidad Autónoma en la que se ubiquen.