La Diputación de Burgos estudia asumir la Secretaría e Intervención de los pueblos más pequeños

Del debate a la propuesta. O, mejor dicho, un plan a corto y medio plazo. El presidente de la Diputación de Burgos, Borja Suárez, avanzó este viernes su intención de «eximir de las labores de Secretaría e Intervención a los municipios de menos de 250 habitantes». Aproximadamente «el 90% de la provincia», apostilló, convencido de que la propia Institución cuenta con recursos suficientes para asumir dichas funciones.

El «objetivo» que se marca Suárez de cara al próximo mandato sería reducir la carga de trabajo que soportan los alcaldes de los pueblos más pequeños para que puedan «dedicarse a lo que se tienen que dedicar». Gestión pura y dura con respaldo de la Corporación en clave burocrática, vino a decir. Se trata, según sus propias palabras, de «un desafío al que nos tendríamos que enfrentar». De ahí su llamamiento al consenso con el resto de grupos políticos para su aplicación práctica a partir de 2027.

El anuncio del mandatario provincial se produjo a raíz de la proposición defendida por Vox durante el pleno provincial, consistente en la unificación del sistema de subvenciones y un cambio de paradigma para aumentar la «autonomía de los municipios». En este sentido, el portavoz de la formación verde, Ángel Martín, manifestó durante su primera intervención que la Diputación no debería «condicionar» a los ayuntamientos en materia de financiación, de tal manera que sean después «los vecinos de los pueblos quienes deciden si quien gestiona lo ha hecho bien o mal».

Ante este «cambio radical», la representante de Sentir Aranda, Belén Esteban, se mostró partidaria de «explorar si puede ser factible». Nada que ver con la postura del PSOE, a favor de «simplificar y reducir la carga administrativa» pero no del libre albedrío a la hora de repartir fondos porque «podríamos llegar a pensar que la existencia de la Diputación dejaría de tener sentido». De hecho, la portavoz del grupo socialista, Nuria Barrio, recordó una experiencia piloto en la que se aunaron partidas de Cultura, Caminos y Agua que «no funcionó por la singularidad de la provincia».

Lo corroboró posteriormente la portavoz del equipo de Gobierno, Inmaculada Sierra, tras manifestar que la proposición de Vox, basada en que los ayuntamientos rindan cuentas a posteriori ante la ciudadanía, podría derivar en unos «derroteros que no serían los correctos». Asimismo, remarcó que los Planes Provinciales ya reservan un 30% del total consignado para gasto corriente.

Tampoco obvió Sierra el hecho de que «los municipios más pequeños necesitan cierta orientación» a la hora de gastar los recursos que brinda la Diputación a través de sus convocatorias. No en vano, incidió en la necesidad de simplificar el modelo actual mediante la conformación de un «calendario inicial» de subvenciones sobre el que ya se está trabajando para que los municipios sepan a qué ayudas pueden acceder, cuándo y con qué disposición presupuestaria.

La réplica de Martín, basada en la «democracia» y la «libertad» de los ayuntamientos para determinar en qué se gastan el dinero provocó la posterior intervención de Suárez, quien no dudó en acusar a Vox de «demagogia» al considerar «excesivo» dicho alegato.

«El Estado y las administraciones se someten al imperio de la ley», subrayó haciendo hincapié en que no se puede obviar el «rango competencial» de cada institución. Por otro lado, compartió el argumento de Sierra en defensa de una Ley de Pequeños Municipios, tal y como reclama la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que se adapte a la realidad normativa de los ayuntamientos de menor tamaño y escasos recursos.

Así las cosas, el presidente de la Diputación también se mostró dispuesto a estudiar un «decreto ómnibus» con el fin de reducir el número de convocatorias disponibles, 49 en la actualidad. Con esta medida, bajo la premisa del consenso con el resto de partidos, trató de recoger parcialmente el guante de Vox en vez de «matar moscas a cañonazos».

Pese a ello, el portavoz provincial de Vox se mantuvo en sus trece no sin antes señalar que su formación no propone en ningún caso saltarse el marco normativo. Tal y como se preveía, Vox tan solo rascó el voto favorable de Sentir Aranda, cuya única diputada deslizó que «hay muchos alcaldes que se sienten tutelados». Desde el PSOE, mientras tanto, Barrio ya había expresado sus dudas al afirmar que este modelo de rienda suelta «perjudicaría a los municipios más pequeños».

«Consenso mayoritario»

Interpelado por el diputado socialista Ignacio Grajal sobre la reducción de la partida destinada a la remuneración de alcaldes (500.000 euros frente a los 1,5 millones inicialmente previstos), Suárez lamentó que no se pudiese alcanzar un «consenso mayoritario».

A expensas de «buscar tiempos mejores para algo muy necesario» a su juicio, aseguró que el medio millón dirigido al Instituto para el Deporte y la Juventud (IDJ) se completará con reservas de crédito del propio organismo para lanzar una nueva línea por valor de un millón de euros.