Trifulca, consenso y rapapolvo de los afectados por la BU-740 a la clase política
El Ayuntamiento de Miranda aprueba por unanimidad la moción para reducir el tráfico en la vía, pero los vecinos temen que haya «otros intereses»
Transporte de mercancías peligrosas en la BU-740, en Miranda de Ebro.
Todo el mundo de acuerdo en el fondo, pero no en las formas. Aún así, el Ayuntamiento de Miranda de Ebro aprobó este jueves en pleno, por unanimidad, la moción del equipo de Gobierno -a instancias de la plataforma Circunvalación Ya- para restringir el tráfico de vehículos pesados en la BU-740 a su paso por las urbanizaciones de Los Ángeles, Bayas y El Lago. Con reproches cruzados entre los grupos políticos y un duro rapapolvo, al término de la sesión, por parte de los vecinos que impulsaron la iniciativa.
Antes de anunciar su voto favorable, el portavoz del Partido Popular, Sergio Montoya, cargó contra el Ejecutivo municipal denunciando el uso «partidista» de la moción para obtener «rédito político». Sus críticas se centraron especialmente en Izquierda Unida-Podemos, tratando de evidenciar que no existía el más mínimo interés en consensuar un texto conjunto, mientras aseguraba que su formación no dio el paso de presentar una proposición similar por «respeto institucional».
«Aquí solo ha habido voluntad de hablar por parte del PSOE», replicaría posteriormente el teniente de alcalde, Guillermo Ubieto (IU), poniendo de relieve que se informó a los grupos de las propuestas que había encima de la mesa mientras el PP se limitaba a esperar que «se lo den todo hecho». Al margen de esta cuestión, el edil quiso hacer «autocrítica» al reconocer que «los tiempos se han dilatado demasiado» y que la moción llega «muy tarde». No en vano, remarcó que el acuerdo pactado requería «implicar a todas las administraciones» competentes para que asuman sus respectivas «responsabilidades».
A continuación, Montoya criticó que se no solo se deje «fuera» de la moción al PP, sino también al Gobierno de La Rioja, la Diputación de Álava o la Dirección General de Tráfico (DGT). Dicho esto, calificó la propuesta de «auténtica chapuza» mientras exigía al Ayuntamiento que «se comprometa con el presupuesto» en vez de realizar tantos requerimientos a la Junta de Castilla y León. Al hilo de esta cuestión, el portavoz del PSOE, Pablo Gómez, recordó los compromisos adquiridos por el Ejecutivo municipal, amén de matizar que «no estamos hablando de que la Junta lo haga todo».
«¿Vamos a cambiar la antigua papelera por una bomba química?»
Aprobada la moción, los afectados por la BU-740 tomaron la palabra. Cinco minutos de tiempo para la lectura de un comunicado, a cargo de uno de los vecinos, que recuerda las innumerables reuniones con representantes políticos, «viendo cómo se pasaban la pelota unos a otros», mientras «este equipo de Gobierno llegó a rebatir los datos oficiales de la Junta (en materia de tráfico rodado) con un estudio propio que carecía de cualquier rigor».
«Hemos escuchado a empresarios decirnos que deberíamos aguantar por estar cerca de zonas industriales y por el bien de la ciudad», afearon los colectivos vecinales antes de subrayar que «estamos aguantando polvo, ruido, vibraciones de camiones y locomotoras encendidas hasta la medianoche». También «niveles acústicos que superan los 65 decibelios, medidos por el propio Consistorio en época estival», así como «silencio administrativo» al presentar «alegaciones contra la instalación de un taller de reparación de contenedores frente a nuestras viviendas».
Después de recordar que «el Procurador del Común nos dio la razón en todo» mientras la Junta ofrecía «evasivas» y el Ayuntamiento lo «ignoró como si no existiese», los vecinos rizaron el rizo al preguntar si las «prisas» actuales por sacar adelante esta moción obedecen a que se está «allanando el camino para otros intereses». En concreto, la implantación de Reolum en los antiguos terrenos de Rottneros para poner en marcha un «megaproyecto industrial», bautizado como Miranda Green, del que «no sabemos absolutamente nada».
«¿Cuál es el nuevo precio que tenemos que pagar? ¿Vamos a cambiar la antigua papelera por una bomba química?», cuestionaron los afectados por la BU-740 mientras exigían al Ejecutivo que «reconsidere urgentemente el tipo de industria que quiere atraer».