La Policía Local de Aranda se muda a su nueva ubicación

Después de muchos años en precario, la Policía Local de Aranda de Duero ha hecho ya la mudanza y comienza una nueva etapa en su nueva ubicación, frente a la estación de autobuses.

Los últimos meses han sido especialmente difíciles al coincidir puerta con puerta, con las obras de remodelación de los Jardines de Don Diego.

La empresa Barrio y Cameno ha sido la encargada de diseñar una comisaría en la que prima el espacio, la funcionalidad y la luz.

El edificio moderno se encuentra junto a una zona ajardinada con dos árboles aromáticos sobre un suelo de canto rodado.

En el interior, nada más cruzar la puerta de acceso, se ubica la recepción pública y la zona de objetos perdidos. El recorrido continúa con salas de atestados y despachos, que tendrán carácter semipúblico, mientras que la mitad final de la planta se reserva al trabajo policial y a los detenidos. En esa zona el acceso a los ciudadanos está prohibido.

Al fondo del gran pasillo se emplazan los calabozos con un total de tres celdas. Para evitar que los detenidos se lesionen o rompan algo, tanto el inodoro como el lavabo son de metal y no de porcelana. Además, las puertas al abrirse forman un ángulo recto con la pared para garantizar la seguridad y limitar la capacidad de reacción del reo.

La instalación se completa con un parking y una zona para vehículos, que servirá para los coches incautados o recogidos por la grúa.

La nueva comisaría de la Policía Local era una necesidad largamente demandada. Su construcción fue uno de los grandes proyectos de la última legislatura de la ex alcaldesa, Raquel González.

Del nuevo gobierno de Antonio Linaje dependerá si concluye la obra acondicionando la planta que la constructora ha dejado diáfana en el subsuelo, con el fin de habilitar allí un gimnasio, una sala de formación y un almacén.

No ha sido una obra sencilla. El proyecto comenzó a desarrollarse en el año 2018 cuando el Ayuntamiento adjudicó las obras a CHR por 963.700 euros. Los problemas llegaron a los pocos meses con el modificado, para incluir la planta sótano, y la posterior falta de acuerdo sobre el precio. Tras dos años con el proyecto paralizado, la última licitación, otorgada a la empresa Barrio y Cameno, rondó los 2,2 millones de euros con un plazo de ejecución de 17 meses. Para la Policía supone un gran salto en la calidad asistencial y laboral.