Un arandino de 78 años, la última víctima de los ‘inquiokupas’

La historia se repite en Aranda, pero con distintos nombres. Hace tan solo unos meses era Teresa, la limpiadora del hospital Santos Reyes. Ella tardó en recuperar su casa 16 largos meses. Hoy es un jubilado de 78 años. Tras más de dos años y medio de impago, y harto de esperar, el hombre ha optado por llamar a Desokupacyl. “Los dos inquilinos morosos trabajan, él lo hace en una bodega, y tienen dinero para pagar, pero saben cómo están las leyes españolas y se aprovechan”, censura desde Desokupas, Luis Núñez.

La vivienda se encuentra situada en el entorno de la plaza de la Ribera, en pleno centro. Los inquilinos llevan acumulada una deuda que supera los 7.355 euros.

Según explica, la pareja de ‘inquiokupas’ es española y tiene un hijo adolescente. “En España, el 25% de las viviendas alquiladas terminan así”, asegura. El perfil del ocupa ha cambiado. “Antes la mayoría eran gitanos, pero ahora ves muchos marroquíes, muchos dominicanos y también españoles”.

No teme las críticas. “Algunos nos llaman racistas, pero el 50% de nuestros clientes son marroquíes que compran una casa y nos piden que la desocupemos”.

A la hora de contratar sus servicios, el propietario tiene que aportar una previsión de fondos de  aproximadamente 1.000 euros, pero el resultado, asegura, está casi garantizado. “Consigo que se vayan el 95% de las veces; soy muy persuasivo”, afirma Luis Núñez, quien también es jefe de seguridad de la sala Moss Club de Valladolid.

Sus prácticas, defiende, son legales, y aunque “a veces rozan la ilegalidad, no la sobrepasamos”. “En estos dos años que llevamos, hemos tenido 4 o 5 denuncias de ocupas y ninguna ha llegado a trámite, bien porque no tenían fundamento o porque hemos llegado a un acuerdo”, sostiene.

Para protegerse, graban todas las actuaciones. “Siempre llevo una cámara conmigo”. Él defiende su labor. “Existimos porque la ley está mal hecha”, insiste, mientras pone como ejemplo el caso de una señora mayor de Ávila que lleva sufriendo una ‘inquiokupa’ desde hace 5 años. “En todo este tiempo, su inquilina solo le ha pagado 1.500 euros, pero ella tiene que seguir pagando tanto la luz como el agua o el gas. Me pone enfermo”, rechaza.

En los últimos años, varias familias arandinas han pasado por el mismo calvario: inquilinos que dejan de pagar o directamente, personas que acceden a sus viviendas sin permiso. La pesadilla de Teresa, la limpiadora del hospital Santos Reyes, comenzó en el año 2022, cuando decidió alquilar su vivienda de siempre para poder pagar de una forma más holgada su nueva casa. No salió bien. Cuando se iba a cumplir un año de contrato, avisó a los inquilinos de que necesitaba la casa porque su hija se quería independizar con su pareja. La respuesta fue clara: “No me voy a ir del piso. No voy a encontrar nada ni mejor ni más barato, así que no me voy”. Comenzaba así un largo periplo judicial para demostrar que no eran personas vulnerables, ya que los dos inquilinos trabajaban. Teresa, en cambio, se quedó sin trabajo, viviendo meses de verdadera angustia.

En el mismo año 2022, otra vecina, también en el barrio de Santa Catalina, descubrió, gracias a los vecinos, que una pareja con cuatro hijos se había metido en la casa donde creció, que había heredado junto a sus hermanos de su difunta madre. La lucha judicial terminó con una sentencia a su favor, y tras siete meses de espera, pudo recuperar su casa, eso sí, con la intervención de la policía, porque cuando expiró el plazo judicial, la familia seguía en el interior. La sorpresa llegó al acceder. Los okupas habían dejado muchas cosas, como los libros escolares, pero se habían llevado otras muchas. Además, la vivienda estaba destrozada y habían arrancado los rosales que con mucho esmero dejó la madre antes de fallecer.

Peor incluso fue el caso de una familia de Fresnillo de las Dueñas que tuvo que padecer este año la actitud violenta de unos okupas que decidieron dar una patada a uno de los pisos del bloque, propiedad de un banco. Su violencia fue tal que tenían en vilo a todo el pueblo. También estaban investigados por un presunto delito de robo y por no tener escolarizados a los menores.