Burgos y Castilla y León "apoyan" la expulsión de Virginia Martínez del grupo municipal del PP en Aranda

Independientemente de que prospere la investigación judicial de las cuentas de la Arandina, la decisión en el Partido Popular de Aranda es firme. El grupo municipal asegura que la expulsión de Virginia Martínez se debe a una “falta de confianza” que no tiene “vuelta atrás”. “Estamos respaldados por el PP de Burgos y de Castilla y León”, zanja el secretario comarcal Alberto Rasero.

Lo cierto es que la expulsión de Virginia Martínez se ha enrocado hasta límites insospechados desde que el grupo municipal anunció su marcha el 24 de octubre de 2024. En el Ayuntamiento, Secretaría General puso un reparo al documento inicial presentado y, aunque el PP no está de acuerdo porque considera que estaba bien fundamentado, ayer registró un nuevo escrito complementario con la esperanza de desbloquear la salida y que llegue al próximo pleno ordinario, que tendrá lugar el último jueves del mes.

Según explican, aunque la actual senadora y exalcaldesa de Aranda, Raquel González, sabía que Virginia Martínez era presidenta de la Arandina Club de Fútbol cuando la fichó como número dos en la lista electoral del Partido Popular en Aranda, las incompatibilidades, que no se vislumbraron en un primer momento, fueron saliendo “poco a poco” hasta que explotó el escándalo con la demanda sobre las presuntas irregularidades en las cuentas del club deportivo y otras cuestiones que han levantado “mucho revuelo”, como el impago de entrenadores, la demora en la entrega de equipaciones a los jugadores del fútbol base y otras polémicas, como una asamblea en la que la directiva de Martínez no dejó entrar a los socios disidentes, lo que requirió hasta la asistencia de la Policía Local.

Para la portavoz del PP en Aranda, Cristina Valderas, “todo ello ha perjudicado claramente lo que es su trabajo, su imagen y el trabajo que estamos realizando desde el Partido Popular”.

Ellos insisten: más allá del proceso judicial que está investigando estas presuntas irregularidades, hay episodios y desencuentros que han derivado en una “pérdida de confianza” irreversible, como, por ejemplo, cuando Martínez no comunicó al grupo municipal el hecho de dejar de ser presidenta de la Arandina. “Son cosas que no se entienden cuando trabajas en grupo”, lamenta Rasero.

Desde que el PP anunció su decisión en octubre, la actitud de Virginia también ha sido muy sorprendente. En estos casi cuatro meses nunca se ha dado por aludida y, de hecho, en su último comunicado, del 11 de febrero, se limitaba a analizar, como “concejala del Partido Popular”, la situación municipal de un gobierno en minoría que, en su opinión, no tiene talante negociador ni capacidad para buscar puntos de unión entre las distintas propuestas políticas y sacar adelante proyectos relevantes, como los Presupuestos o la Relación de Puestos de Trabajo. En total, 487 palabras y ninguna referencia a su situación como expulsada del grupo municipal. Terminaba, además, con esta frase: “Desde el Partido Popular seguiremos defendiendo estas prioridades y trabajando con compromiso y seriedad por el futuro de Aranda de Duero”.

Sin embargo, ese mismo fin de semana, desde las redes sociales del perfil oficial de la Arandina, alguien de la junta directiva, con acceso, se dedicaba a atacar al PP, especialmente a la portavoz Cristina Valderas.

Desde la barrera, la situación es insólita. Tras el registro del nuevo documento formal del PP, Virginia pasará, previsiblemente, en el pleno de este mes a los no adscritos. Si no entrega el acta, podría seguir como concejala no adscrita, pero siendo militante del PP, con lo que habría dos partidos populares divididos en un mismo Ayuntamiento.

El expediente de suspensión de militancia sigue abierto

Desde el PP aseguran que, al margen de la expulsión del grupo municipal, hay un expediente de suspensión de militancia en proceso, pero no hay fecha y la decisión final depende del Comité de Derechos y Garantías.

Por otro lado, la expulsión de Virginia Martínez ha abierto un nuevo frente entre el PP y Sentir Aranda. El comunicado de prensa que envió el alcalde, en el que se pedía explicaciones al PP para no vulnerar los derechos de la concejala saliente, se entendió en las filas populares como una intromisión y una “apropiación indebida de la institución, que lo desautoriza como alcalde”. “Seguimos sin entender que se emitan informes sin firmar por un técnico”, rechaza Alberto Rasero.

La portavoz del PP en Aranda, Cristina Valderas, zanja cualquier duda: “El grupo municipal es un órgano competente para haber tomado esa medida y, desde luego, lo hacemos en base al artículo 10 de la Ley 7-2018, de 14 de diciembre, de Castilla y León, que expresa claramente que los miembros de las entidades locales pasarán a tener la condición de miembros no adscritos al haber abandonado o haber sido expulsados por acuerdo mayoritario del grupo político mediante votación”.