La Aguilera pide al Ayuntamiento de Aranda que pague la depuradora local
Asegura que, como pedanía, no tiene la obligación legal de afrontar la inversión
El alcalde pedáneo está respaldado por el PP comarcal
Aunque se había descartado la idea, por reticencias de algunos vecinos, el alcalde pedáneo de La Aguilera ha vuelto a pedir al Ayuntamiento de Aranda que retome el proyecto de la depuradora local.
A diferencia de la primera solicitud, el regidor del Partido Popular se aferra a la Ley para exigir al Ayuntamiento de Aranda que se haga cargo del mantenimiento y su financiación.
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LORETO VELÁZQUEZ / ARANDA
Según explica el alcalde de esta entidad menor, dependiente de Aranda, así lo respalda la Ley de Régimen Local de Castilla y León, en la que se estipula que los costes de depuración de aguas residuales no son una competencia de las pedanías, sino de las entidades mayores. “He registrado un escrito para que el Ayuntamiento de Aranda suprima la cláusula del convenio que está en proceso de firmar con la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl), porque La Aguilera no tiene por qué hacerse cargo del coste”, defiende Luciano Burgos.
El regidor presenta además como prueba un correo electrónico que envió Somacyl a la Concejalía de Medio Ambiente, cinco días antes de las elecciones de 2023, cuando gobernaba la exalcaldesa del PP, Raquel González. En ese email se advertía de que el borrador del convenio de la nueva EDAR tenía que incluir el proyecto técnico.
Un millón de euros
Según el cálculo planteado por Somacyl, la construcción requiere de un presupuesto de un millón de euros, a los que hay que añadir 30.000 euros anuales en concepto de mantenimiento. “Para nosotros es muchísimo dinero”, insiste Luciano Burgos.
El alcalde cuenta con el apoyo del aparato del Partido Popular comarcal. “No existe un acuerdo entre el Ayuntamiento de Aranda y la entidad menor en la que se delegan estas competencias”, recuerda José María Jimeno.
En cuanto a las críticas de algunos vecinos sobre una posible sobredimensión del proyecto, Jimeno responde: “Si nos quedamos muy justos, corremos el riesgo de tener que ampliar o construir otra en un futuro próximo”, zanja, mientras deja claro que el proyecto se ajusta a los criterios técnicos. “Si no tiene dimensiones, las empresas no se instalarán”, advierte.