La OMIC advierte: “cada vez hay más listos y más sinvergüenzas. Hay que estar alerta con las estafas”

El próximo 15 de marzo, Aranda se unirá a las celebraciones por el Día del Consumidor y, desde la Oficina Municipal de Información (OMIC), el mensaje es claro: el ciudadano cada día es más consciente de sus derechos, pero cada vez “hay más listos y más sinvergüenzas”. “Hay que estar alerta”, aconseja la técnico, Pilar Hernández, con la mirada puesta en casos muy graves, como desfalcos en cuentas bancarias que superan los 40.000 euros.

En el balance del año 2024, la oficina arandina registró 7.371 consultas de consumidores y usuarios y tramitó, mediante hoja de reclamación, 703. “La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) es un servicio municipal que tiene como funciones más destacadas la atención directa de información, ayuda y orientación a los consumidores y usuarios para el adecuado ejercicio de sus derechos, contribuyendo, de esta forma, a la mejora de su calidad de vida”, destaca.

De hecho, su papel como mediadora ha logrado recuperar para los consumidores reclamantes más de 104.000 euros. “Este resultado proviene de la anulación, rectificación y recuperación de cobros indebidos a los consumidores”, señala.

¿Cuáles son los sectores más conflictivos?

El podio no cambia. Continúa liderando el sector de la energía, electricidad y gas, con 158 expedientes, un 22,5% del total de las reclamaciones. Las principales irregularidades parten de recibos, tarifas excesivamente complejas, retrasos en la lectura de los contadores de gas, y otros, como el cobro de servicios adicionales no solicitados o penalizaciones por baja anticipada en los contratos de mercado libre. “Todo ello, unido a incesantes llamadas de comerciales que, con engaños, se hacen pasar por nuestra compañía de suministros para realizar un contrato con tarifas más caras o cambiar los contratos de mercado regulado a mercado libre”.

En segunda posición están los bancos y seguros, que este año quedan muy cerca del sector más reclamado, con 156 expedientes. “Los principales motivos siguen siendo la negativa a devolver los gastos de formalización de hipoteca cobrados ilegalmente, seguidos de la aplicación de intereses usureros en préstamos, el cobro irregular de comisiones y la dificultad para que los bancos devuelvan cargos fraudulentos realizados en sus cuentas y tarjetas como consecuencia del robo de datos por parte de terceros”.

El tercer lugar lo ocupan las telecomunicaciones, con 115 expedientes. “Destacan los problemas derivados de la portabilidad o penalizaciones desproporcionadas, el envío de facturas después de que los usuarios hubieran solicitado la baja, el incumplimiento de ofertas comerciales, las dificultades para darse de baja de un determinado operador y el cobro de llamadas no realizadas o el alta en servicios de mensajes no solicitados”.

Nueva modalidad de estafa

Como novedad, este año, se han producido numerosas llamadas de supuestos comerciales de operadoras de telefonía, que se interesan por la calidad del servicio prestado y ofrecen mejoras con un nuevo router o terminal de baja gama. Sin embargo, lo que el cliente recibe son productos de alta gama y gran valor. A la hora de devolverlos, el falso comercial procede a recoger los productos, pero no los devuelve a la compañía, que se los factura al cliente. “Al final, el consumidor se ve con una deuda que ronda los 3.000 euros”, advierte.

Ojo con los vendedores a domicilio

Especial preocupación despiertan las ventas fuera de comercios, ya sea en domicilio, vía online o por teléfono. “Se están observando casos muy graves de engaño al consumidor”, advierte, mientras pone como ejemplo el caso de un vecino que adquirió un producto en venta a domicilio y, tras pagar los 3.600 euros que costaba, no se percató de que, días más tarde, le habían pasado otros cobros, que en total sumaban 40.000 euros.

Por otro lado, en las compras por Internet se incrementan las reclamaciones por presuntas estafas y fraudes con productos que nunca llegan e incumplimientos en los plazos de entrega. En estos casos, detalla, los estafadores venden productos o servicios de baja calidad o inexistentes, que suelen tener costes desmesurados.

Un coche de 4.000 euros que solo valía para desguace

Uno de los casos más sangrantes ha llegado en el sector de la automoción, con una pareja que fue a Madrid a comprar un vehículo de segunda mano en un taller por 4.000 euros. Cuando llegaron a Aranda, ya vieron que algo iba mal. A la hora de reclamar, se dieron cuenta de la letra pequeña: el coche, según constaba en el contrato, había pasado la ITV, pero no estaba en disposición de circular y solo se podía utilizar como piezas para desguace. “Afortunadamente, conservan el pantallazo del anuncio donde se vendía el vehículo válido para circular”, puntualiza la responsable de la OMIC, indignada porque el taller no solo cometió una presunta estafa, también puso en riesgo a esta familia, que viajaba con una niña pequeña.

El comercio tradicional tampoco se libra, con 114 reclamaciones. Las quejas aquí se centran en la aplicación de las garantías, las devoluciones de productos, el valor de los vales y la reparación de productos electrónicos o electrodomésticos, pero no son las únicas. “Se han presentado reclamaciones relacionadas con otros sectores, como el transporte (aéreo, de mercancías y por carretera), los servicios sanitarios y estéticos, el reparto y la paquetería, la restauración, las agencias de viajes, los servicios de mantenimiento y montaje, los espectáculos públicos o la educación y formación privada...”, explica.

Del total de reclamaciones presentadas, el 93% ha sido objeto de intermediación, un procedimiento por el que se intenta llegar a un acuerdo entre el reclamante y el reclamado. En el 56% de los casos, la mediación funcionó y se alcanzó un acuerdo entre el consumidor y la empresa. Trece de los casos se resolvieron a través de la Junta Arbitral de Consumo, y 38 se enviaron al organismo competente (Inspección de Consumo, Turismo, Espectáculos Públicos, Sanidad, Banco de España, Aviación Civil...).