El PSOE acusa a Sentir Aranda de querer comprar la plaza de toros

El PSOE lo tiene claro: el único objetivo del alcalde, Antonio Linaje, y del gobierno de Sentir Aranda para solucionar el conflicto con el empresario Victoriano del Río, “es comprar la plaza de toros con el dinero de todos los ciudadanos de Aranda de Duero”.

Para el portavoz socialista, Ildefonso Sanz, el comité de expertos que ha convocado el regidor para buscar una solución a la plaza de toros “no es objetivo”. “Con todo el respeto del mundo, ni el señor Jesús Mozo ni el técnico municipal escogido deben estar en el comité”, señala al recordar que el primero dictó, como magistrado, una sentencia favorable a Del Río y el segundo fue el técnico que, en su momento, hizo el informe que decía que la plaza tenía que estar fuera de ordenación, un extremo que luego tumbó la Plataforma ciudadana por la Plaza en los tribunales. “Han demostrado que no son neutrales”, zanja.

El grupo socialista pide al gobierno de Aranda que exija a la empresa Toros Ricor cumplir con su obligación de organizar los festejos taurinos en fiestas patronales, un requisito que no ha cumplido en los últimos tres años.

Ildefonso Sanz sospecha además de las reuniones que, según él, han tenido concejales del equipo de gobierno con el empresario en un establecimiento hostelero a las afueras de Aranda. “Lo normal, si vas a tratar un tema del Ayuntamiento, es organizar la reunión en el Ayuntamiento. Cuando te reúnes fuera de Aranda, intentando que no te vean, es que probablemente tienes algo que esconder”, censura.

Opacidad

El grupo socialista lamenta, por otro lado, la falta de transparencia de un gobierno “opaco” que informó de la inundación provocada por la crecida del Duero, a la oposición, el domingo por la tarde, dos días después de comenzar la riada, “y cuando ya todos lo sabíamos”. “Vamos a exigir una comisión de Seguridad Ciudadana para que nos dé explicaciones de lo que ha ocurrido y si hubo o no comunicación de la Confederación Hidrográfica”, afirma, sin olvidar las actas de las juntas de gobierno que la oposición ha pedido en bloque y que, por Ley, Sentir Aranda debía haber contestado en un plazo de cinco días.