El Ayuntamiento de Aranda abre un expediente sancionador a la empresa encargada de la obra del ARU

El Ayuntamiento de Aranda ha decidido abrir expediente de penalidades a Aplibur, la empresa encargada de la rehabilitación de los primeros bloques del Área de Regeneración Urbana en el barrio de Santa Catalina.

Según explica la concejala de Urbanismo, Ana María Hervás, el trámite se inicia tras constatar, con la dirección técnica facultativa, irregularidades e incumplimientos en la ejecución de obra en las últimas semanas.

Por el momento, el proceso está en fase de instrucción y se ha dado traslado a todas las partes implicadas para que puedan presentar alegaciones dentro de los próximos cinco días hábiles.

La medida responde a tres motivos. El primero, el hecho de que la empresa paralizara las obras el pasado mes de julio, con el pretexto de esperar a que se aprobase el modificado del proyecto, a pesar de la orden expresa del Ayuntamiento, que entiende que no existe impedimento técnico para detener los trabajos. El segundo tiene relación con, al menos, un impago confirmado de forma oficial por uno de los proveedores.

Además, la empresa tampoco ha cumplido con los requerimientos declarados urgentes por el Ayuntamiento. Para las medidas de nivel 1, Aplibur tenía un plazo de 24 horas para subsanar cuestiones como los desprendimientos de cascotes en los rellanos de las escaleras o la revisión de los puntales, mientras que para las de nivel 2 tenía un máximo de tres días e incluía medidas de protección frente a las lluvias para evitar el acceso por el rellano de la escalera provisional. Y es que, aunque la empresa ha realizado algunas, no ha cumplido con todas las exigencias.

Tres escenarios

Decidido a estar preparado ante cualquier alternativa y consciente de que están en juego los fondos europeos, el Ayuntamiento plantea tres escenarios posibles. El primero, el más sencillo, pasa por que la empresa cumpla y recupere el ritmo normal de la obra. El segundo contempla la posibilidad de que Aplibur continúe, pero no cumpla los plazos. En ese caso, el Consistorio abriría nuevos expedientes de penalidades, respetando “siempre la Ley de contratos públicos”. El tercer escenario implicaría la eventual resolución del contrato.

Tanto la concejala como el alcalde, Antonio Linaje, entienden el malestar de los vecinos y aseguran que están haciendo todo lo posible para que sea una obra segura y sin percances. “No nos temblará el pulso resolviendo el contrato si Aplibur no obedece todos los requerimientos que le hemos enviado estos días”, advierte Linaje.