Aranda se suma a la lucha de la Ribera del Duero contra la proliferación de granjas intensivas

El Ayuntamiento de Aranda se unirá al manifiesto con el que el Consejo Regulador Ribera del Duero busca proteger la Denominación de Origen y el enoturismo de la proliferación de granjas intensivas y plantas de biogás. La moción presentada por Podemos e Izquierda Unida contó con el respaldo del PSOE y del PP, salvo el concejal Alfonso Sanz, que se abstuvo por pertenecer al sector ganadero.

Sentir Aranda optó por la abstención al entender que la solución pasa por una mesa conjunta en la que estén los dos sectores enfrentados, los ayuntamientos y la Junta de Castilla y León, mientras que Vox y el concejal del grupo Mixto, José Antonio Fuertes, se posicionaron en contra. Ambas formaciones coincidieron en que el Ayuntamiento no puede ser juez o verdugo y elegir entre dos sectores tan importantes para la Ribera.

La concejala socialista Amparo Simón recordó que la iniciativa no busca cerrar granjas, sino organizar el territorio para que ninguna actividad afecte de forma negativa a otra. A este respecto, el PSOE defendió el peso económico y social del vino, con 1.333 millones de euros de PIB anual y 20.916 empleos. “Es una actividad económica que genera mucha riqueza más allá de las propias bodegas y eso ha costado el trabajo, la inversión y el esfuerzo de muchas generaciones. No estamos hablando de rechazar una actividad económica, sino de ordenar para que ninguna perjudique”, terminó.

Con la moción aprobada, el Ayuntamiento de Aranda instará a la Junta de Castilla y León a modificar la normativa vigente para proteger el territorio de la Denominación de Origen Ribera con una ordenación adecuada. En concreto, solicita recuperar la licencia ambiental ordinaria para todas las instalaciones ganaderas intensivas dentro del ámbito territorial de la DO Ribera del Duero, sin excepciones por razón de tamaño, y establecer distancias mínimas de protección, basadas en criterios técnicos objetivos, respecto a viñedos, bodegas, establecimientos de enoturismo y núcleos de población rural.

Asimismo, la iniciativa solicitará al Gobierno autonómico revisar el Decreto-Ley 4/2020 para eliminar el régimen de comunicación ambiental como vía de autorización de instalaciones con impacto significativo en el territorio y sustituirlo por procedimientos de evaluación que tengan en cuenta el tamaño, la ubicación y el impacto acumulado de cada explotación. También reclama dotar a los ayuntamientos de instrumentos de ordenación del suelo que les permitan ejercer sus competencias con seguridad jurídica, sin exponerse a responsabilidades patrimoniales por ello.

Por último, la moción propone crear un mecanismo de consulta y coordinación entre el Consejo Regulador de la DO Ribera del Duero, las organizaciones agrarias, las entidades locales y la Consejería competente, con el objetivo de realizar un seguimiento continuado de los proyectos de instalación en el territorio.

Vecinos de Santa Catalina

El debate fue interrumpido en varias ocasiones por los vecinos del barrio de Santa Catalina que exigen soluciones y garantías ante la posibilidad de que tengan de desembolsar más dinero para finalizar las obras del ARU. Aunque la oposición en bloque había presentado una moción de urgencia para que el Ayuntamiento de Aranda se haga cargo del sobrecoste, no se pudo debatir porque tal y como marca el reglamento, el pleno de Aranda debe finalizar a las 00.00 horas. El malestar vecinal es palpable.