El Grupo Mixto exige que la Junta regule “con urgencia” las estaciones de servicio desatendidas

Los representantes de la patronal y de los sindicatos del sector de las estaciones de servicio de Castilla y León cerraron hoy la ronda de consultas que han mantenido durante el último año con todos los grupos parlamentarios de Castilla y León, en las que han cosechado el respaldo unánime a su reivindicación de que el Gobierno autonómico regule el funcionamiento de las estaciones de servicio desatendidas, que están proliferando en los últimos tiempos por toda la Comunidad. “Éste es un problema serio. Hay un conjunto de empresarios que se están lucrando a costa de incumplir la ley. Con el silencio de la Junta de Castilla y León, que lo permite, Están creando una serie de instalaciones sin ningún empleado, lo cual atenta contra la creación de empleo en Castilla y León, están haciendo competencia desleal frente a las estaciones de servicio que sí cumplen la normativa y tienen empleados para atender al consumidor, generan inseguridad porque hablamos de productos muy inflamables, y vulneran el derecho de los consumidores ya que personas con discapacidad o que quieran llevarse una muestra para analizar el combustible que están comprando no pueden ser atendidos”, argumentó el procurador de IU-Equo en las Cortes de Castilla y León, José Sarrión, que exigió que la Junta “ponga con urgencia los mecanismos que hagan cumplir la legalidad estatal”.En el mismo sentido se manifestó el procurador de UPL Luis Mariano Santos, que recalcó que “los poderes públicos están para garantizar la igualdad”. “Si nos saltamos la normativa y se aplica solamente a una parte del sector, fomentamos la competencia desleal, y la Junta tiene la obligación, mediante las inspecciones, de evitarla, porque existen riesgos contra la salud pública que obligan a tomar medidas”. Según expuso, “si todos los partidos políticos estamos de acuerdo, quizá seamos capaces de presentar una PNL entre todos o hacer una declaración institucional conjunta”.Por su parte, el vicepresidente y portavoz de de la Agrupación de Vendedores al por menor de carburantes y combustibles de Castilla y León (Avecal), Rafael Pizarro, señaló que “las normas tienen que ser para todos iguales, porque no cumplirlas nos lleva a la destrucción de empleo, y el primer valor de una empresa son sus empleados”. Tras recordar que en torno a la mitad de autonomías españolas ya está prohibido este tipo de prácticas, y que cuentan con el apoyo de asociaciones de consumidores y de discapacitados, destacó que la postura de la patronal no es pedir el cierre de esas estaciones de servicio, sino que se conserven creando los pertinentes puestos de trabajo asociados.“Estamos a favor de que se cumplan la normas, y pedimos a la Junta que agilice este tema. Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha o Baleares, entre otras, ya han prohibido el suministro si no hay personal, por los problemas que pueden surgir de seguridad con el incumplimiento de normas que son básicas para que esto funcione”, apuntó. En su opinión, éste “es un problema que se arrastra desde hace tiempo” y que ha ido “de menos a más”, hasta alcanzar las cerca de 70 estaciones de servicio de este tipo que existen en la actualidad en la región.De acuerdo con las estimaciones del secretario general de la Federación de Industria de CCOO de Castilla y León, Gonzalo Díez, “por cada estación de servicio desatendida que se implanta desaparecen en torno a dos o tres estaciones convencionales, y se eliminan unos 15 o 16 puestos de trabajo”, y “muchas de ellas se están implantando en el ámbito rural”, con lo que ello conlleva de destrucción de empleos.“Cada vez están proliferando más, y queremos que dentro de las competencias de la Junta, estas estaciones de servicio, mediante decreto en las Cortes, se regulen en igualdad de condiciones que el resto de estaciones de servicio convencionales”, expuso, defendiendo que “incumplen la normativa desde el punto de vista de seguridad y medioambiental, con una repercusión brutal en el empleo”.“Queremos que las reglas de juego sean las mismas para todos, y la responsabilidad corresponde a la Junta, que según el BOE es la que tiene la obligación de regular este tipo de negocios que no cumplen con la normativa”, remachó.