Convalidadas las medidas que refuerzan la Red de familias y flexibilizan la renta de ciudadanía

Las Cortes de Castilla y León convalidaron hoy por unanimidad el Decreto-Ley de medidas extraordinarias para reforzar la Red de Protección de las familias afectadas por la crisis, presentado por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, entre las que se encuentran la agilidad y flexibilidad de la renta garantizada de ciudadanía para que sea compatible con prestaciones por desempleo y otros subsidios para que nadie que la necesite se quede sin ella. El texto se tramitará ahora como proyecto de ley de urgencia.Los procuradores Ana Agudíez (PSOE), Laura Domínguez (Podemos), Manuel Mitadiel (C's), José Sarrión (IU) dudaron de la confianza expresada en la norma de que en un breve plazo se supere la situación y no sean necesarias las medidas acordadas y en que hay deficiencias que se pueden corregir cuando se tramite como proyecto de ley, si bien emitieron un voto favorable ante algunos avances recogidos.Los intervinientes reconocieron la reducción de plazos a un mes para resolver y pagar a los perceptores de la renta garantizada de ciudadanía y defendieron, entre ellos Agudíez y Domínguez, que se actualicen los 426 euros que se perciben por esa ayuda, que consideraron como un derecho subjetivo. “Aciertan cuando rectifican”, aseveró Mitadiel, en referencia a cambios pedidos hace tiempo por las organizaciones del tercer sector.Por su parte, la popular Mar González Pereda expresó el respaldo a la Junta, el reconocimiento al Diálogo Social, al Procurador del Común, a los trabajadores y a los grupos de la oposición por su respaldo, aunque expresó su “sorpresa” porque no reconocieran los progresos que se dan y “hacer comunidad”.La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, que detalló el contenido del Decreto-Ley de medidas extraordinarias aprobado el 14 de abril por el Consejo de Gobierno, afirmó que el objetivo es mejorar y reforzar la Red de Protección a las Familias y elogió la “gran labor” de los agentes del Diálogo Social, cuyos representantes de CCOO, UGT y Cecale siguieron el debate desde la tribuna de invitados.Alicia García destacó que la Red tiene 40 millones de euros más desde su inicio hasta los 180 millones en los presupuestos de este año y resaltó que hay 41.000 personas más atendidas, lo que hacen 180.000 con alguna de las coberturas y programas existentes. En relación a la renta de ciudadanía, señaló los 37.000 beneficiarios y la partida de 69 millones en el último año. Además, subrayó que la norma lleva una memoria económica con 14 millones para las nuevas medidas.La nueva normativa establece los supuestos de compatibilidad entre prestaciones de trabajadores en paro, como el subsidio por desempleo, Programa de Renta Activa de Inserción (RAI), Programa de activación para el Empleo (PAE), Programa Personal de Integración y Empleo (PIE) o Programa de Recualificación Profesional (PREPARA) con la renta de ciudadanía. “Se cumple con el Diálogo Social y con las recomendaciones del Procurador del Común”, aseveró.Así, si un perceptor de una de esas prestaciones laborales no llega a los 426 euros de la renta de ciudadanía o a lo que le correspondería en función de su capacidad económica se complementa con esa ayuda social, como planteó el Procurador del Común y los agentes del Diálogo Social.También se amplía la misma compatibilidad de prestaciones de la Red con otras sociales que antes no lo eran, como la percepción por la suspensión del contrato de trabajo por maternidad o paternidad y por riesgo durante el embarazo; por incapacidad temporal durante el desarrollo del trabajo y por hijo al cargo.Más flexibilidadPor otro lado, se flexibilizan y rebajan requisitos para el acceso a las prestaciones, en especial las relativas al cómputo de ingresos, bienes y patrimonio de los solicitantes. Para el reconocimiento de una prestación a los trabajadores por cuenta propia, se computará el 50 por ciento de la base de cotización a la Seguridad Social cuando los ingresos sean inferiores a esa cuota.En los casos en los que se tenga en cuenta el patrimonio se exceptuarán del cómputo los bienes rústicos ubicados en localidades que cuenten con menos de 5.000 habitantes, y en supuestos de bienes urbanos, cuyo valor catastral sea inferior a 12.000 euros, se evaluará el 50 por ciento del mismo. Cuando la propiedad sea heredada y con varios copropietarios ajemos a la unidad familiar, se excluirá del cómputo cuando el valor catastral de su parte sea inferior en dos anualidades al 80 por ciento del IPREM.Además, se reconoce el derecho y el devengo del mismo desde el mes siguiente a producirse la solicitud, en lugar de los tres meses actuales. Al mismo tiempo, se reduce a un mes el periodo de suspensión de la prestación cuando no se renueve el alta como demandante de empleo. También habrá una reanudación automática de la percepción una vez finalizada la actividad laboral por la que se percibía un ingreso.