Atender todas las peticiones de ayuda a domicilio en los pueblos costaría 1,5 millones más al año

La Junta de Gobierno de la Diputación de Burgos ha aprobado la prórroga, por un año, del contrato en vigor del Servicio de Ayuda a Domicilio para los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia, lo que, según destacó el comunicado emitido al respecto por parte de la Institución Provincial, garantiza la continuidad de esta prestación entre el 1 de septiembre de 2026 y el 31 de agosto de 2027. La medida supone una inversión de 7.301.602,88 euros.

La portavoz del equipo de Gobierno y responsable del Área de Acción Social, Inmaculada Sierra, aprovechó el anuncio para responder a las críticas realizadas por el grupo socialista sobre el funcionamiento del servicio y aseguró que «no existe lista de espera para las prestaciones esenciales», que son las dirigidas a personas con dependencia reconocida.

«Lamento que el PSOE haya optado por generar alarma con una interpretación parcial de la realidad sobre un servicio tan sensible», indicó la diputada, para aseverar que la prioridad es garantizar la atención a todas las personas que tienen reconocido el derecho al Servicio de Ayuda a Domicilio por su situación de dependencia.

Sierra recordó que la normativa diferencia entre las prestaciones esenciales, que constituyen un derecho garantizado, y las no esenciales, cuyo acceso depende de la disponibilidad de recursos y, al contrario de lo que denunció el PSOE, subrayó que «no es una decisión política de esta Diputación». Se trata, añadió, del marco legal que regula el sistema de atención a la dependencia y que todas las administraciones estamos obligadas a cumplir».

Actualmente la Diputación presta el Servicio de Ayuda a Domicilio a 372 personas sin grado de dependencia reconocido, lo que representa el 24,35% del total de usuarios, un porcentaje que, según indicó la portavoz de la administración, se mantiene estable desde 2021. Asimismo, aseguró que la institución continúa atendiendo de forma inmediata las situaciones urgentes y los casos de menores y familias derivados por los profesionales de los Centros de Acción Social (CEAS).

En relación con la denuncia socialista, Sierra advirtió de que atender todas las solicitudes de ayuda a domicilio no esencial exigiría incorporar 6.000 horas mensuales adicionales a las 1.390 que actualmente presta este servicio, con un coste añadido cercano a 1,5 millones de euros al año.

La también responsable de Acción Social apuntó que uno de los principales retos del servicio es la falta de profesionales, una situación que, aseguró, afecta a todo el sector. En este sentido, indicó que la Diputación trabaja junto con la Universidad de Burgos para favorecer la formación y la incorporación de nuevos trabajadores, especialmente en el medio rural.

Sierra concluyó que la prórroga aprobada garantiza la continuidad de un recurso «imprescindible» para que las personas mayores permanezcan en sus hogares.

Con todo, la exposición de la diputada ‘popular’ es compatible con la versión socialista, pues Ignacio Grajal criticó que las peticiones de ayuda a domicilio de personas sin dependencia pero con informes técnicos favorables se rechazan desde hace un tiempo -más de 200 en catorce meses-, por lo que las otorgadas sería previas a ese plazo, y que la razón de la escasez de recursos «no puede ser excusa», ya que el propio Procurador del Común advierte que este tipo de prestaciones no pueden denegarse de manera indefinida.