Pollán compromete una Ley de Simplificación y otra de Mercado Único para eliminar "trabas administrativas"

El vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, ha comprometido la redacción de un anteproyecto de ley de desregulación, simplificación y gobierno del dato, así como una ley de Mercado Único, con el objetivo de eliminar "trabas administrativas" y crear un marco regulatorio "eficiente para dinamizar la economía" de Castilla y León.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León para detallar el proyecto de presupuestos generales de su área para 2027, el consejero ha subrayado la necesidad de contar con una administración donde la gestión pública resulte "transparente, ordenada y eficaz".

En este contexto, ha señalado la existencia de una "recurrente demanda social y empresarial" para agilizar los procedimientos públicos. El titular del departamento ha explicado que la "hiperregulación" genera un alto coste económico y temporal a los ciudadanos.

Así, según ha manifestado, el colectivo empresarial destina gran parte de su tiempo y esfuerzo a la cumplimentación de formularios y a la justificación de procedimientos en lugar de a la mejora de su negocio, la innovación o la competitividad, por lo que, para responder a esta situación, la Junta de Castilla y León priorizará la oferta de servicios de "mayor calidad y más cercanos a la ciudadanía y a las empresas".

Así, en el transcurso del próximo ejercicio, la Consejería enfocará sus trabajos en articular trámites "más ágiles, más proactivos, más tecnológicos" y dirigidos a la satisfacción de las necesidades de la sociedad en pro del interés general.

Asimismo, las actuaciones del departamento en materia de desregulación durante la presente legislatura se centrarán en el análisis de procesos específicos donde quepa la implementación de instrumentos de "declaración responsable o comunicaciones".

De igual forma, la proyectada Ley de Mercado Único contemplará el reconocimiento como propia de la validación de los procedimientos de autorización autonómicos realizados previamente en otras comunidades.