«La Ley de Eficiencia es estupenda sobre el papel, pero chirría mucho»

De poco sirve que la música suene bien si el director de orquesta no pone orden. Algo así sucede con la Ley de Eficiencia Procesal, en vigor desde principios de abril de 2025. La agilidad que se perseguía no ha sido tal, por lo menos hasta ahora, y el colapso en los juzgados prevalece.

«La Ley es estupenda sobre el papel, pero chirría mucho y hay descompasamiento», lamenta Mónica Pérez Villegas, decana del Colegio de la Abogacía de Burgos, yendo más allá de los problemas informáticos pendientes de resolver, como los ya recurrentes del visor de expedientes Iris Atenea, que provocan la suspensión de juicios.

Muchos son los frentes abiertos a raíz de una norma que no parece satisfacer a casi nadie en la Administración de Justicia. Por ejemplo, en lo relativo a la obligatoriedad de acudir a la mediación como requisito de procedibilidad. Cierto es que el Colegio de la Abogacía burgalés cuenta con su propio Instituto de Medios Adecuados de Solución de Controversias (IMASC). Lo que ocurre, tal y como apunta Pérez Villegas, es que «colisiona con el derecho a la Justicia Gratuita».

Una vez más, la pescadilla que se muerde la cola. Las comunidades autónomas con competencias transferidas subvencionan la prestación de este servicio para que el ciudadano no tenga que pagar. No así en el Territorio Ministerio, que salvo apartados sumamente excepcionales carece de financiación pública. En cualquier caso, en Burgos se ha realizado un «gran esfuerzo» para corregir ese «desequilibrio entre ciudadanos totalmente injusto» ofreciendo «precios muy asequibles».

«El precio es notablemente inferior a lo que supone un procedimiento judicial», remarca la vicedecana, Marina Villuela, mientras precisa que «el resultado y la efectividad es la misma que puede tener una sentencia porque luego el acuerdo se homologa judicialmente».

«La mediación que hace el Colegio es bastante rápida, desde que se inicia hasta que se acaba», enfatiza el secretario de la Junta de Gobierno, Juan Carlos del Río. Mucho más, subraya, que «los requisitos de procedibilidad que van al Juzgado». Que conste, eso sí, que el retraso «no es por culpa de los funcionarios, sino de una Ley que atasca los juzgados y, por ende, los procesos que pueden derivarse de las conciliaciones que se están tramitando».

Visto lo visto, los abogados han decidido mover ficha elevando sus quejas al Ministerio de Justicia a través de comisiones mixtas a nivel autonómico. «Es una tras otra», concluye Pérez Villegas antes de pasar a otro tema que también enciende el espíritu reivindicativo del Colegio: los honorarios. Nada baladí este asunto, máxime cuando se emiten, tan solo desde Burgos, unos 750 informes de tasaciones de costas al año.

Ejemplo a seguir

Cambiando de tercio, resulta inevitable recordar el Premio Meninas 2025 concedido al Colegio de la Abogacía de Burgos, por parte del Ministerio de Igualdad, en agradecimiento a su papel activo en la lucha contra la violencia de género. Todo un orgullo, desde luego, recibir un galardón que «pone el foco en el turno de oficio».

Más allá de la «ilusión», extensible al reconocimiento de la Policía Nacional en esta misma materia, Villuela considera que este premio conlleva un mayor ejercicio de «responsabilidad» de cara a «mantener el trabajo bien hecho y la protección a las víctimas». Lo tiene claro, pero no desaprovecha la ocasión de proclamar a viva voz que «los abogados de la provincia, de los partidos judiciales, son los que están en la primera línea del turno de oficio».

Ya sea en la capital o en cualquier punto de la provincia, el número de asistencias no deja de aumentar. «Sigue siendo una de las peores lacras que tiene la sociedad», sentencia la vicedecana a sabiendas de que «2026 está siendo un año muy nefasto». De ahí la necesidad de «seguir trabajando constantemente por parte de todos».

De cara al futuro, tanto Pérez Villegas como Villuela no ocultan su «temor» a la comarcalización de los juzgados de Violencia sobre la Mujer. Para la decana, el hecho de concentrar las competencias de los partidos judiciales en Burgos capital supondría «privar a la víctima de la cercanía de la primera declaración», por no hablar del obligatorio desplazamiento sin tener en cuenta sus circunstancias económicas y personales.

Lo mismo opina su compañera. Sobre todo tras analizar cómo «se ha llevado a la práctica en algunos sitios de diferentes maneras». Sea cual sea la fórmula, cree firmemente que la comarcalización «va en perjuicio de la víctima». En cualquier caso, la aplicación de esta nueva estructura todavía no parece ser objeto de implantación inminente en Burgos, lo cual no quita para que se haya generado cierta división de opiniones en el seno de la judicatura.

Dejando a un lado esta cuestión, el Colegio afronta con gran expectación la próxima edición de las Jornadas Nacionales contra la Violencia de Género, organizadas por el Consejo General de la Abogacía Española. La cita tendrá en el Teatro Principal, del 8 al 10 de julio, y congregará a a letrados de todo el país para analizar los principales retos y aspectos organizativos para la defensa efectiva de las víctimas que demandan amparo judicial.

Mientras tanto, la Junta de Gobierno continúa prestando especial atención a la formación de sus colegiados. Sin «saturar» y abriendo el abanico a propuestas que «no son eminentemente jurídicas» como «la gestión del estrés». Por otro lado, Pérez Villegas y su equipo se marcan el objetivo de «mejorar la comunicación», sobre todo externa, para dar a conocer las aportaciones de los compañeros al ámbito de la Justicia y la imperiosa necesidad de proteger, mejorar y fortalecer el Estado de Derecho.