Margallo quiere poner freno en el TC a la política exterior catalana

Unos días después del 9-N el Gobierno de Mariano Rajoy ya advirtió de que, en lo sucesivo, trataría de imponer "normalidad" en la política respecto a Cataluña y recurriría en los tribunales todas aquellas medidas impulsadas desde el Govern o el Parlament que, en su opinión, vulnerasen los límites de la Constitución y buscasen imponer la independencia por la vía de los hechos.En ese contexto ha de entenderse el anuncio de este miércoles del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, quien estudia impulsar un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) por la inminente apertura de dos delegaciones de la Generalitat en Roma y Viena, y por la aprobación de la ley catalana de acción exterior. Tampoco descarta, explicaron fuentes oficiales a Europa Press, hacer lo propio ante el reciente nombramiento de un "representante permanente"» --ya no delegado, como hasta ahora-- del Gobierno catalán ante la Unión Europea (UE).Según parece, en este caso el problema técnico es que "representación permanente" son los términos con los que la diplomacia internacional se refiere a los embajadores. Pero Margallo no ocultó en una entrevista concedida a Antena 3, y después en los pasillos del Congreso, que en estos movimientos el equipo de Mariano Rajoy cree detectar un intento de las actuales autoridades de Catalunya de montar una infraestructura en el exterior propia de un Estado independiente.OTRAS NECESIDADESEl ministro de Asuntos Exteriores informó a la prensa de que ha hecho llegar al ministerio competente para un posible recurso, el de Administraciones Públicas, su impresión de que los últimos pasos dados por la Generalitat en este terreno incurren en posibles vulneraciones de la Carta Magna (que deja la estrategia exterior en manos del Ejecutivo central). Margallo añadió también que Catalunya tiene en estos momentos "necesidades más perentorias" y que no comprende que sus gobernantes decidan gastar dinero en "miniembajadas propias de un Estado soberano" en vez de hacerlo en educación, sanidad o servicios sociales.La posición adoptada por el Gobierno de Rajoy generó una dura réplica desde las filas de CiU. El líder de Unió, Josep Antoni Duran Lleida, calificó de "error" la voluntad expresada por García-Margallo, y añadió, en un apunte en Twitter, que "a golpe de recurso no resuelven nada". Más enérgico todavía se mostró el coordinador nacional de Convergència, Josep Rull, quien acusó al titular de Exteriores de perseguir la "residualización" de Catalunya y de "obstruir" la acción exterior del Ejecutivo catalán, lo cual, dijo, irá contra los intereses económicos españoles.Rull reivindicó que la apertura de estas nuevas delegaciones del Govern "se ajusta perfectamente al derecho interno del Estado español". El número dos convergente sostuvo que esta estrategia de proyección internacional "se hace dentro del marco vigente de forma impecable". El dirigente nacionalista argumentó que la delegación de Roma permitirá consolidar la presencia de Cataluña en un área estratégica, y la de Viena "abrirá una puerta a la Europa del Este, a espacios clave como Chequia y Eslovaquia".UNA RED MÁS COMPETITIVARull reivindicó que las autonomías disponen de competencias para llevar a cabo esta acción exterior. Y subrayó que, con su decisión, Margallo "perjudica intereses económicos españoles" dado que, según expuso, estas acciones repercuten también en la economía y en las exportaciones. Rull aseguró que estas oficinas del Govern "son más competitivas en cuanto a resultados finales que la red diplomática española".