El Correo de Burgos

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LA CONVENCIÓN de Viena de 1961 permitió a cualquier Estado, sin tener que exponer los motivos de su decisión, comunicar a otro Estado qué, el jefe u otro miembro del personal diplomático de la misión era persona non grata, en ese país. Posiblemente las intenciones de la Convención eran otras y para otros motivos, pero nuestros ayuntamientos dotados de una nueva fuerza moral (la nueva política) se han sentido imbuidos de ella y se han tirado al surco de la ingratia, declarando non gratos a todos aquellos que, entienden, no son dignos de merecer el derecho a pasearse alegremente por los jardines y las plazas de los pueblos y ciudades.

La carrera por marcar la ingratitude la inició el Ayuntamiento de Vitoria declarando non grata durante dos horas a la ministra de Fomento, Ana Pastor. Luego, el de Berga en Barcelona declaraba persona non grata al Rey Juan Carlos I. El Ayuntamiento de La Robla declaró igualmente al ministro de Industria José Manuel Soria.  Luego vino el de Pontevedra, declarando lo mismo al presidente Rajoy... y lo que te rondaré morena.

Lo que deberían plantearse los ayuntamientos es que están para servir al ciudadano; que estos exabruptos no son más que un dispendio de dinero que sale del justiciable y que deberían estar a lo que están, dándose cuenta de que esa opción, no tiene ninguna consecuencia jurídica, pudiendo significar únicamente que no son del agrado de los miembros del órgano que optó por tal distinción.

No obstante, ¿cuáles son los méritos que se irrogan éstos ayuntamientos para poder declarar unilateralmente que una persona es non grata??? O ¿cuáles son las consecuencias para los declarados no gratos a la hora de pasear por la plaza del pueblo? ¿Se les escupirá a la cara?, o ¿se les insultará como a los apestados? No sabemos. Lo cierto es que los ayuntamientos han cogido carrerilla y se han subido al tren de la ingratitud para sacar partido del eco mediático que pudiera tener una declaración de tal magnitud, sin pensar que hacer público que alguien es non grato -sin ser en vía diplomática- no es más que un pedo al viento.

La pena es que aprovechando estas inquinas, los ayuntamientos se han lanzado a hacer valer su nuevo poderío y ha comenzado el de Ferrol solicitando a su pleno una declaración al Gobierno de un plebiscito con el que cuestionar la vigencia de la monarquía y poner en marcha una república gallega. Vamos, Vamos.

De seguir en esa línea, acabaremos viendo a los partidos políticos declarando non gratos a sus miembros díscolos. Podemos declararía non grato a Errejón o a Sergio Pascual por rajar de Pablo Iglesias, el PP lo haría de Bárcenas o de Gómez de la Serna o Imagina Burgos podría hacerlo de Franco.

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