Mucho tiene que cambiar
PARA SORPRESA de nadie en absoluto, lo que más preocupa a los castellano leoneses en relación con la vivienda es la ocupación ilegal y la escasez y, consecuentemente, la carestía a la hora de comprar y alquilar un alojamiento. Es la conclusión a la que se llega en la elaboración de un barómetro de la vivienda por parte de una mutua de propietarios. El asunto de la okupación, sea de viviendas vacías o su derivada en los arrendamientos, la inquiokupación, es el mayor de los timos del tocomocho con el que el Estado se burla, perjudica y arruina a sus ciudadanos. España tiene un grave problema con la vivienda porque la demanda sobrepasa con mucho a la oferta, lo que deriva en que los precios se encarecen y muchas personas se quedan fuera del mercado porque carecen de los recursos suficientes y más después del problema inflacionario que ha arrastrado la economía española que ha adelgazado los ahorros de las familias. Hace falta construir más viviendas y en esa parte de la solución al problema tienen mucho que decir los ayuntamientos y los problemas administrativos en los que se pierde la eficiencia del sector público. Pero también existen de fondo problemas de seguridad jurídica, de estabilidad fiscal y de protección a los propietarios. Nada que no se pueda legislar con un poco de cabeza y voluntad. Pero, en cambio, los sucesivos gobiernos centrales han escurrido el bulto sin intervenir ante este problema, cuando no han favorecido descaradamente la okupación. El Estado ha trasladado el enorme problema de la vivienda a los propietarios y se ha desentendido. Son las víctimas de la okupación las que están cargando con la solución a un conflicto de alcance estatal. Los okupas logran su vivienda y el Estado se quita de encima un problemón. Pagan los propietarios y ya no estamos hablando de los pisos vacíos del estallido de la burbuja inmobiliaria o del parque de viviendas de los bancos. Ahora los okupas se están metiendo en la casa de cualquier familia y se quedan con su hogar hasta que se logra echarlos tras mucha paciencia y un proceso legal que se eterniza estúpidamente por las leyes creadas y mantenidas por políticos igualmente estúpidos, que son los auténticos responsables de los daños y el dinero que pierden las personas a las que les okupan su casa. Las medidas esbozadas por el Gobierno actual son inútiles y no rozan siquiera la superficie del problema. Pero lo grave es que será realmente difícil que llegue un gobierno que decida por su propia voluntad echarse sobre los hombros ese gran problema que existe con la vivienda ahora que hay cientos de miles de casas okupadas. Sin opción para alojar a los okupas, sin opción para desalojarlos y devolver las casas a sus legítimos propietarios, será inviable revertir la usurpación de esos pisos. La única solución pasa por lograr inversores que vuelvan a levantar viviendas al ritmo necesario, pero para eso mucho tienen que cambiar las cosas en este país.