Las ONG exigen "valentía" al PP para frenar el recorte de las ayudas impuesto por Vox

Superado el estupor, llega la indignación. En ese punto se encuentran los responsables de las ONG locales ante la alegación anunciada por Vox a su propio presupuesto para recortar al 50% la partida de ayudas a la cooperación al desarrollo. Comparecían hoy sus representantes con el doble objetivo de "desmontar las mentiras esgrimidas por el vicealcalde y portavoz municipal de la formación verde, Fernando Martínez-Acitores, como justificación de su exigencia" y reclamar al PP "valentía" para impedir que esta reducción "ideológica" se materialice.

Indicaba al hilo el presidente de la Coordinadora de ONG de Castilla y León, Andrés Rodríguez Amayuelas, que fue precisamente el Partido Popular, en tiempos del alcalde Valentín Niño, el que apostó por esta línea de subvenciones a proyectos internacionales. Testigo que tomaron sin dudar los gobiernos posteriores "hasta convertir a Burgos en un referente en este ámbito". 

Ha recordado también que en 2008 el Pleno aprobó por unanimidad elevar esta partida al 1% del presupuesto, muy por encima del 0,7% que se reivindicaba entonces y fijado hoy por ley. Se logró en 2010, si bien la crisis económica mermó la cuantía hasta el 0,4% actual, cuyo reparto en 2023, por cierto, obtuvo el voto favorable de Vox.

Empeñadas como estén en impedir que caiga al 0,2% este año, las organizaciones burgalesas han solicitado ya una reunión con la alcaldesa, Cristina Ayala, para defender su posición en busca de "un compromiso".

Cabe suponer que en ese encuentro trasladarán los argumentos que hoy han empleado para desmentir las afirmaciones del vicealcalde, Fernando Martínez-Acitores, que se escudó en tres razones para proponer el citado recorte. Así, el portavoz de Vox consideró que la cooperación al desarrollo es una competencia impropia del Ayuntamiento, que estas subvenciones no se ejecutan y que hay entidades locales de carácter social molestas por destinar dinero a otros países en lugar de atender necesidades próximas.

A juicio de Rodríguez Amayuelas, estas justificaciones son "fácilmente rebatibles". La Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global se encarga de 'anular' la primera, pues apuesta por descentralizar estas funciones y en sus artículos 35, 36 y 37 determina las actuaciones en tal ámbito de las entidades locales. 

"Vox usa este mismo argumento en todas las instituciones y se lo hemos rebatido incluso en el Congreso de los Diputados", ha explicado, convencido de que la actuación en Burgos responde a indicaciones desde la dirección nacional. Coincide al menos con lo que han hecho también en otras administraciones. 

Con datos refutaron desde la Coordinadora de ONG la referencia a la poca ejecución de las partidas adjudicadas. Y es que en los últimos quince años el gasto justificado supera casi siempre el 92%. Solo en dos ejercicios, el 2015, con un 87%, y el 2019, con un 82%, no se alcanzó ese porcentaje. "En el primero influyó notablemente la crisis económica y en el segundo la irrupción de la pandemia, pues hay que aclarar que las ayudas se gastan en el año posterior a su concesión", indicaba Rodríguez Amayuelas. 

Explicaba también que estas cifras son especialmente ilustrativas del buen trabajo de las entidades locales, pues, además de ser "superiores a las de otros sectores", los proyectos se llevan a cabo en lugares donde obtener una factura con NIF homologable es especialmente complicado y en condiciones muy volátiles, como las de países en situaciones de emergencia.

De dar cuenta detallada de las iniciativas que se nutren de estas ayudas se encargaba Marisol López, de la Unidad Territorial de Burgos de la citada coordinadora regional. Concluía que, en definitiva, "todas las actuaciones persiguen defender los derechos humanos, tales como el acceso al agua potable, la educación, la igualdad o la lucha contra la violencia de género, entre otros".

Incidía además que el impacto positivo van más allá de los usuarios directos al beneficiar a todo el entorno. "Contribuyen además a fijar población, porque si la gente puede vivir dignamente en su zona, que es lo que se pretende, no sale", añadía, para opinar que la pretensión de Vox "es xenófoba e insolidaria y va contra el ser humano".

Por su parte, Rosa Escolar, ha expresado en representación de la Plataforma del Tercer Sector -que aúna treinta entidades de ámbitos sociales diversos- su rechazo a la tercera afirmación de Martínez-Acitores. Desmentía así que haya colectivos locales en contra de estas ayudas y tildaba las declaraciones de "atrevimiento". "Burgos es un ejemplo regional y nacional por su nutrido y diverso tejido social y uno de los objetivos compartidos es precisamente avanzar hacia una sociedad justa, cohesionada, inclusiva, solidaria, igualitaria, democrática y sostenible", apostilló.

A este sentir se sumarán en breve otras agrupaciones ajenas a la plataforma en cuestión, que han solicitado a la Coordinadora de ONG la redacción de un documento al que puedan adherirse para mostrar su apoyo y posicionarse en contra del recorte anunciado.

Será esta precisamente otra de las acciones contempladas, pero habrá más. "Nos ha pillado de sorpresa y estamos aún valorando los pasos a dar", ha señalado López. Rodríguez Amayuelas auguraba que, quizá, presenten su propia alegación al presupuesto aprobado de manera provisional para exigir de hecho el aumento de la partida hasta el 0,7% determinado por la ley.

Preguntado por la dispar 'política' regional al respecto, dado que la Junta de Castilla y León, donde también gobiernan PP y Vox, presume de un esfuerzo económico récord en cooperación al desarrollo, el presidente de la coordinadora regional desvelaba que en la reunión mantenida ayer, en el Pleno del Consejo de Cooperación, no se planteó cambio alguno en la partida. Allí coincidió con la edil de Servicios Sociales, Andrea Ballesteros, que le manifestó -en consonancia con lo expresado ante los medios de comunicación la pasada semana- que los 'populares' "están atados de pies y manos porque necesitan los votos de Vox para sacar adelante el presupuesto municipal".

Con todo, Rodríguez Amayuelas confía en que la alegación de los verdes decaiga por cuestiones formales, tal y como auguró el PSOE, ya que según la normativa debe ajustarse a razones técnicas y no a criterios exclusivamente políticos como es el caso.